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El próximo viernes vence el plazo para que el presidente Iván Duque sancione u objete la ley estatutaria de la JEP. La puja en los últimos días para que suceda el segundo escenario ha sido más fuerte debido a la captura del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, y del exsenador Luis Alberto Gil, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir.
Este martes, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, reiteró los deseos del Centro Democrático de que se objete la ley estatutaria y además afirmó que son ocho puntos los que, a juicio del partido, se deben de reformar con actos legislativos.
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“Estos hechos bochornosos que se denuncian en la JEP pueden que cambien la ecuación de la política para derogar la JEP (...) Pero no tenemos las mayorías para hacerlo. Estamos pensando, en mínimo, ocho reformas al tribunal transicional”, dijo el expresidente.
Esas reformas incluyen los cuatro artículos que el fiscal Néstor Humberto Martínez le pidió al presidente objetar, que son la definición de la entidad competente para conocer los delitos cometidos tras la firma del Acuerdo de La Habana; los supuestos “beneficios de la JEP con la reincidencia en delitos tales como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico o el homicidio doloso”; la suspensión de investigaciones abiertas durante el conflicto; y la presunta impunidad para los autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables.
Estos artículos, para el fiscal, son inconvenientes “frente a la política criminal del Estado y el cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en el marco de los convenios y tratados de defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad”.
Los otros puntos que el uribismo quiere reformar son el tema de la extradición, los delitos conexos al político, la penas por crímenes contra los niños y la participación de las Fuerzas Armadas en la JEP.
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“Sobre el tema de extradición, que se facilite, que no haya dudas, que no se dilate cuando el delito sea cometido o continuado después del 1 de diciembre de 2016, pues como están las cosas los amigos de las Farc quedaron protegidos contra la extradición por delitos anteriores y posteriores, ese tema tiene que quedar muy claro”, explicó Uribe.
Esta objeción responde, principalmente, al caso de Jesús Santrich, quien fue capturado, en abril de 2018, al ser señalado por la justicia de EE. UU. de participar en un negocio de narcotráfico. El viernes pasado, el país norteamericano notificó que no enviará pruebas del caso para la extradición de Santrich. A esto, se le suma la decisión del Consejo de Estado sobre la permanencia de la curul del exlíder guerrillero en la Cámara. Hechos que motivan más al partido para pedir la objeción.
Frente al tema del reclutamiento de menores, el senador pide que las penas por los delitos cometidos contra esta población no sean considerados alternos, sino ordinarios para que les caiga todo el peso de ley.
En cuanto a los delitos conexos, lo que busca el uribismo es que no se permita, en un futuro, que lleguen otros actores armados a ocupar escaños en el Congreso, justificando su participación en la guerra como un acto de rebelión. Explicó, igualmente, que, de objetarse y modificarse este punto, no se aplicaría retroactivamente.
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Por último, el tema que han defendido desde siempre, es sobre la desvinculación de las Fuerzas Armadas al tribunal transicional. “La octava reforma sería, idealmente, sustraer a los militares de la JEP. Me parece un atropello someterlos a esto”.
Apuntó, al finalizar, que el partido está trabajando en un proyecto de ley para blindar a los uniformados en todo este proceso transicional. “Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley ordinario para los soldados y policías. En primer lugar, este servirá para que los que están libres, en virtud de la JEP, no pierdan esa libertad. Y para que aquellos que llevan cinco años detenidos por delitos hasta tal fecha, tengan el derecho a la libertad condicional”, explicó.