![El medicamento kaletra para tratar el VIH llegó a Colombia costando US$4.000 al año por paciente y hoy, por exigencia del Gobierno, tiene un precio tope de US$670. / Gustavo Torrijos - El Espectador](https://www.elespectador.com/resizer/v2/NVZFBWUV6JBRXDSSFTVYTCX3NQ.jpg?auth=ed9aea19ccd6af6905755c3d462b659148cb08e51d8bb178231921f636223ea8&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
En la película Dallas Buyers Club un vaquero drogadicto —Ron Woodroof, que sí existió, que nació en EE.UU. en 1950 y murió en 1992— es diagnosticado con sida cuando la epidemia apenas estaba naciendo. Le dan 30 días de vida. Muere seis años después de una lucha desesperada por encontrar tratamientos efectivos en cualquier rincón del planeta. De Dallas Buyers Club habla la abogada Luz Marina Umbasia, para explicar que esa pelea que están dando desde hace 30 años los pacientes con sida por los medicamentos no termina. Sigue intacta. Y aquí, en Colombia, quizá la más brava la han comandado ella y un grupo de asociaciones de pacientes.
La pelea lleva siete años. La pelea es por kaletra, un fármaco que llegó entre 2005 y 2006 a Colombia como “la salvación” para las personas que portaban el virus; un medicamento que la farmacéutica Abbott ha vendido en nuestro país “entre un 53 y un 66% por encima del precio establecido”, como lo sentenció hace 13 días la Superintendencia de Industria y Comercio que le impuso a la empresa estadounidense una multa de $3.080 millones.
Cuando llegó “la salvación” llegó a precios impagables, a precios que ni siquiera podían sostener los pacientes de las clases más altas, que prefirieron pagarse los tratamientos de manera particular y no someterse al escarnio de aparecer en las bases de datos de las empresas prestadoras de salud. En 2008 kaletra costaba alrededor de US$4.000 por paciente al año —llegó a topes de US$5.200—, mientras en países como Brasil o Perú podía encontrarse entre US$1.100 y US$1.300, calcula la ONG Misión Salud.
“Casi todas las farmacéuticas han tenido prácticas perversas con los medicamentos para el sida, pero la más perversa de todas ha sido Abbott”, dice Cristina*, quien lleva 18 años viviendo con el virus y ocho usando kaletra. “Empezó a pasarse el voz a voz por la efectividad. Hay que reconocer que es bueno, que mejora las condiciones de vida del paciente. Míreme, ¿usted creería que tengo el virus? Pero los costos eran muy altos, hasta tres veces más que en otros países de Latinoamérica”, señala la mujer enérgica, de labial rojo y sombra verde en los párpados.
“Cuando kaletra entró a Colombia lo hizo como el medicamento más novedoso —cuenta la abogada Luz Marina Umbasia—. Se vendió como el producto que menos efectos secundarios producía”. Se vendió como la salvación para tantos pacientes que ya habían agotado todas las opciones, como Cristina, que empezó a tomarlo cuando estaba lo más cerca de la muerte que había estado en diez años de enfermedad. Pesaba 32 kilos. Había perdido casi por completo el pelo. La única salida, le dijo su médico, era una “terapia de rescate” llamada kaletra. “Recuperarme fue muy difícil”, dice. Tardó dos años para volver a ser la mujer que era, la mujer que es hoy, con este semblante vigoroso que hace que uno se olvide de su enfermedad.
El comienzo de la lucha
En 2008 la fundación Ifarma, la ONG Misión Salud, la Mesa de Organizaciones con trabajo en VIH/Sida y la Red de Personas viviendo con VIH/Sida, le solicitaron al Gobierno que kaletra fuera declarada una molécula de interés público y que se le otorgara una licencia obligatoria, lo que permitiría la entrada al país de nuevos competidores mucho más económicos: existían genéricos que podían costar hasta US$268 por paciente al año. Hasta ese momento —y hasta hoy— Abbott tenía la patente del fármaco y una exclusividad de 20 años.
La solicitud fue enviada al entonces presidente Álvaro Uribe y al ministro de la Protección Social, Diego Palacio. En 2009 la petición fue negada, pero el Gobierno obligó a la empresa a reducir el precio a cerca de US$1.100. “Era un gobierno insensible, amañado en sus políticas de libre mercado, que no defendía ni su propio presupuesto”, dice la abogada Umbasia y explica que aunque para ese momento ya kaletra estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud, y todos los pacientes tenían derecho a acceder a él gratuitamente, “el impacto seguía. Teníamos todas las pruebas de que pacientes recibían el medicamento un mes sí y un mes no, porque seguía siendo muy costoso y no siempre había disponibilidad”.
Y podían pasar meses sin que hubiera disponibilidad. Cristina, por ejemplo, ha estado períodos de hasta siete meses sin kaletra, períodos en los que “la cantidad del virus en la sangre se dispara. Nos deja sin defensas. Quedamos más expuestos a otras enfermedades”. Entonces entra a esta historia la figura del “mercado irregular”, del mercado negro de quienes reclaman el kaletra y no lo consumen pero sí lo venden a precios inflados, o de quienes tienen acceso a él y lo convirtieron en un negocio jugoso. Cerca de 5.830 colombianos consumen el fármaco.
Pacientes, divididos
Luz Marina Umbasia y las asociaciones habían perdido la primera pelea. No sólo porque el Gobierno les negó la posibilidad de que entraran al país medicamentos genéricos con precios asequibles, sino porque se había producido una división entre los pacientes que fue incluso más letal. “La industria promovió una nueva red. Ellos conocen las necesidades de la gente y con esas necesidades los presionaron —dice Umbasia—. Pero esos pacientes no son culpables, era muy difícil para ellos tener una posición crítica cuando eran las víctimas. Eso le hizo mucho daño a la sociedad civil hasta hoy”.
Cristina fue testigo de esa división. Cristina habla de una “instrumentalización” de la industria sobre los pacientes. Cristina dice que “hubo una manipulación perversa, soterrada”.
La siguiente pelea fue en juzgados. Los pacientes interpusieron una acción popular con la misma petición: que se otorgara la licencia obligatoria para abrir el mercado. En 2012 el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá volvió a negarla pero reconoció que sí existía un abuso de la farmacéutica, que se estaba vulnerando el derecho a la salud y llamó al Gobierno a regular el precio de kaletra. Todas las partes apelaron (los pacientes, Abbott, el Ministerio de Salud) y un año después el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó que el Gobierno era responsable y ordenó someter el medicamento a control de precios.
“Fue un triunfo. Conseguimos por lo menos que se reconociera que se había vulnerado el derecho a la salud, que no se había regulado suficiente el precio”, dice la abogada. La orden se cumplió sólo hasta el 3 de octubre del año pasado, cuando se estableció que el precio máximo al que se podría vender kaletra era US$670 por paciente al año. Según cálculos de Misión Salud el país perdió $200.000 millones por haber dilatado la regulación real del precio.
La última noticia de esta larga lucha sucedió el 3 de marzo pasado, cuando la Superintendencia anunció la multa que debería pagar la empresa por haber abusado de los precios. La respuesta de la empresa ante la noticia fue: “Dos decisiones previas sobre el mismo asunto indicaron que las acciones de AbbVie (la compañía que está a cargo de los medicamentos VIH de Abbott) cumplieron con la ley y creemos que las acciones fueron legales y apropiadas”. El Espectador le envió unas preguntas puntuales a la multinacional, que al cierre de esta edición no habían sido contestadas.
Germán Holguín, director de Misión Salud, dice que esta multa es apenas “un accidente” si se tiene en cuenta que al año la empresa vende en el país $24.000 millones en kaletra. “Aquí se está jugando con la vida humana, el tema no debería resolverse con multas. El precedente real de esta historia es que arrancó como un movimiento de la sociedad civil”.
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