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El gobierno del presidente Michel Temer, rechazado por aproximadamente el 95 % de los brasileños y con una significativa pérdida de liderazgo internacional, lanzó el plan de privatización más profundo de la historia de Brasil. En una tónica de privaticemos todo lo que se pueda. Temer inicia una gran subasta provocando una gran euforia en el mercado.
El país está a la venta y ni siquiera la Amazonia se escapará. Serán privatizados aeropuertos, incluyendo el de Congonhas, São Paulo, “responsable por un ingreso de cerca de US$700 millones a los cofres públicos”, y el de Santos Dumont en Río, puertos, carreteras, terminales marítimos, loterías y hasta la Casa de la Moneda, institución histórica creada en 1694.
Parece ser que la despatrimonialización del país no se detendrá y la lista de bienes a ser privatizados es cada vez más atractiva para el capital internacional. Ya se habla de la privatización de algunos yacimientos de petróleo en aguas profundas, el denominado pre-sal. Como si fuera poco, se anunció la privatización de Eletrobrás -responsable del 32 % de la energía generada en el país y 47 % de la distribución de energía a nivel nacional-.
Forman parte del complejo Eletrobrás empresas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y solares. Con la venta de Eletrobrás y empresas afiliadas el gobierno espera recibir cerca de US$15 mil millones. Expertos critican la decisión: las inversiones públicas en Eletrobrás representan 20 veces más el valor de su venta; un gran negocio para los compradores. Los defensores de la privatización desconocen la importancia estratégica del sector. Va en contravía de los principales países productores de energía en el mundo, sobre todo si se considera la relación entre independencia energética y desarrollo.
Según la Agencia Internacional de Energía, Brasil, Canadá, China y Estados Unidos son responsables por el 52,8 % de la energía hidroeléctrica en el mundo. Sin embargo, la visión de estos países es distinta a la del Brasil de Michel Temer, pues en EE. UU. y China el sector es manejado por el Estado y en el caso de Canadá por gobiernos provinciales, por medio de empresas públicas.
La privatización de Eletrobrás tendría que ser aprobada por el Congreso, pero con el sistema de prebendas establecido en el gobierno Temer, difícil pensar en una postura que defienda el interés nacional, sobre todo cuando predominan los intereses de los partidos políticos en el poder.
Además, el actual gobierno acaba de eliminar una ley, establecida desde hace 30 años, que consideraba una parte del área amazónica, equivalente a Dinamarca en extensión, como reserva ambiental. El objetivo del nuevo decreto es permitir en esta franja territorial la explotación de minas de oro y otros metales, lo que provocará más deforestación y contaminación de los ríos en la Amazonia, la cual ya ha perdido una quinta parte de su área original.
Infortunadamente, para la decisión referente a la reserva ambiental amazónica, el decreto-ley firmado por Temer es más que suficiente. Y pensar que en los últimos años los brasileños fueron a las calles para reivindicar un Brasil mejor, pero todo indica que lo que les va a quedar es un Brasil menor.
Profesora Universidad Externado de Colombia.