Cambios estructurales

Finalmente el presidente Santos sancionó la Ley Estatutaria de Salud, aprobada por el Congreso en junio de 2013, con la modulación de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-313 de 2014, sin intervención de las plenarias de Senado y Cámara en las sesiones extraordinarias, como pretendía el ministro Gaviria. El procurador Ordoñez había advertido que la Ley era intocable y cualquier acción de los legisladores implicaba sanciones.

El episodio de la dilación en la sanción presidencial merece mencionarse, como constancia histórica, así no se hayan difundido en los medios hablados y escritos, los documentos que la sociedad civil organizada del sector salud y de asociaciones de pacientes emitieron reclamando la inmediata intervención presidencial para finiquitar el procedimiento constitucional de dicha Ley. La reacción del sector se exacerbó por la expedición de los decretos de habilitación de las EPS, conocidos el 29 de diciembre, con los que el ministro les otorgó siete años de gracia para refinanciarse con la UPC, pero sin exigirles el pago inmediato de la deuda a la red de prestadores.

Gaviria embrolló el trámite de la sanción presidencial y aspiraba a que el Congreso lo escuchara en el inicio de las sesiones ordinarias, el 25 de marzo. Así ganaba tiempo para seguir emitiendo decretos que favorecieran a las intermediarias. Afortunadamente, la presión de la sociedad civil, la entereza de la Corte Constitucional en la defensa de lo actuado, la advertencia de la Procuraduría, indujeron al presidente Santos a superar las ficciones jurídicas de su ministro y procedió a sancionar la demorada Ley.

Al día siguiente de la sanción presidencial, en entrevista para Caracol Radio, el ministro afirmó que la “Ley Estatutaria es un eslabón más en el perfeccionamiento del sistema”. Nada más equivocado, porque la Ley Estatutaria no es parte de un sistema que se ha caracterizado por violar durante más de 20 años el derecho fundamental autónomo de los colombianos a la salud, para sostener la rentabilidad de lo que las intermediarias convirtieron en negocio y que ha ocasionado centenares de muertes de compatriotas. La Ley Estatutaria, así se resistan a reconocerlo el ministro Gaviria, las EPS y sus asesores jurídicos, implica el cambio estructural del sistema vigente, porque es incompatible con el derecho constitucional a la salud.

Tan equivocado como el ministro de Salud, está el director de Planeación Nacional, quien anunció que, dentro del PND, se contempla que las EPS Saludcoop Y Caprecom, se conviertan en nuevas sociedades anónimas, de las que sus propietarios originales pueden ser accionistas.

Cabe cuestionar si el capital que esas entidades aporten para el registro mercantil de las nuevas sociedades está conformado por las inmensas deudas que les reclaman los prestadores. No pueden enajenar esas deudas porque el monto que representan es dinero de los colombianos, como lo sostuvo la excontralora Morelli. Igual ocurre con los activos de que disponen. Tanto el ministro Gaviria, como el joven Simón, deberían, antes de ahondar en tan descabellada propuesta, indagar a esas empresas dónde está el dinero aportado en la UPC, en el pago de las medicinas prepagadas, y en las cuotas moderadoras que les impusieron a los usuarios durante estos años pasados.