Por un crecimiento centrado en las personas

La crisis provocada por la pandemia ha representado el mayor desafío para la agenda del desarrollo y el mundo del trabajo en décadas. El balance que se hace respecto al avance hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no es positivo. En Colombia, de acuerdo con el DANE, si bien se estima que se han podido recuperar al menos la mitad de los empleos perdidos en el año 2020 (mayor pico de la pandemia), la tasa de desempleo (desocupación) que para el año 2021 estuvo sobre el 13,7 % no ha recobrado los niveles prepandemia (10,5 % en 2019).

Si el país quiere retomar la senda de avance hacia la agenda 2030, particularmente del ODS 8 sobre “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, es esencial analizar el impacto de las medidas adoptadas por el país, así como los desafíos que persisten, muchos de los cuales deben ser asumidos por el nuevo gobierno.

Para hacer este análisis, partiremos de las tres dimensiones que plantea el ODS 8 para promover un crecimiento económico, el cual debe ser sostenido, inclusivo y sostenible.

En la búsqueda por mantener un crecimiento económico sostenido, hubo importantes medidas para frenar el impacto de la pandemia sobre el empleo en Colombia, entre ellas, la Política para la Reactivación (Conpes 4023), que ha supuesto una inversión de más de $135 billones, con la que se espera generar más de dos millones de empleos, directos e indirectos. Sin embargo, a pesar de haberse acelerado la reactivación económica, todavía no se nota un impacto positivo en el empleo formal. Según la OIT, en América Latina la mayoría de los puestos de trabajo que se están generando en la pospandemia son, en su mayoría, informales.

Avanzar hacia un crecimiento económico sostenido requiere la construcción de acuerdos por medio del diálogo social entre Gobierno, empleadores y trabajadores para poner en marcha una estrategia de formalización laboral y empresarial; fortalecer los sistemas de protección social; brindar apoyo al tejido empresarial, en especial a las mipymes, e incrementar la inversión en políticas de desarrollo productivo con particular atención al sector rural, donde hay una mayor tasa de trabajo informal.

Para lograr un crecimiento económico inclusivo, Colombia tiene el reto y la oportunidad de promover una gestión migratoria integral, reconociendo los derechos de las personas migrantes y aprovechando las capacidades que estas ofrecen al desarrollo económico. El país ha sido reconocido internacionalmente por la adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV), que permite el tránsito de los migrantes venezolanos de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, para facilitar su integración social, económica y cultural al país.

Colombia debe generar más y mejores oportunidades de empleo para las mujeres y los jóvenes. Se debe continuar avanzando en la puesta en marcha de la Política Nacional de Cuidados, reconociendo la excesiva carga de labores de cuidado que asumen las mujeres, lo cual se agravó durante la pandemia y dificulta su retorno a las ocupaciones remuneradas que realizaban. Es impostergable mejorar la pertinencia de la formación para el trabajo, con enfoque al cierre de brechas entre la oferta formativa y la demanda de competencias del sector productivo, incluyendo esquemas de formación acelerada para la inserción inmediata al mercado laboral. Promover y fortalecer el diálogo entre el sector empresarial y la academia, incluyendo las instituciones de formación técnica y vocacional, se vuelve un factor clave para poder avanzar y facilitar la transición escuela-trabajo.

Para promover un crecimiento económico sostenible, el país cuenta con el “Compromiso con el crecimiento limpio y sostenible” definido en la Política para la Reactivación (Conpes: 4023), la Política de Crecimiento Verde y la Política de Transición Energética, esta última en proceso de aprobación. Una adecuada gestión de estas políticas públicas permitiría promover la creación de más empleos, aprovechando las oportunidades que ofrecen la diversidad geográfica y los recursos naturales del país, en el marco de un proceso de transición justa que contemple las implicaciones sobre los trabajadores de los sectores en transición, priorizando grupos, poblaciones y territorios más rezagados en el acceso a oportunidades para su desarrollo.

La Conferencia Internacional del Trabajo del 2021 aprobó el Llamamiento Mundial a la Acción, adoptado por delegados de los 181 Estados miembros de la OIT, la cual reitera que, sin una acción concertada entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y la comunidad internacional, los efectos de la pandemia socavarán los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, más que nunca, la ONU propone reforzar y ampliar los escenarios de diálogo social para coordinar una acción urgente en favor de una recuperación centrada en las personas, que sea inclusiva, sostenible y resiliente, sin dejar a nadie atrás.

*Director de la OIT para los países andinos.

Este texto hace parte del gran especial de aniversario de los 135 años de El Espectador, que analiza cómo podemos tener un futuro más sostenible. Encuentre aquí el especial completo.