Opinión| 9 Sep 2008 - 8:30 pm

Fernando Carrillo Flórez

¿Cuál reforma a la justicia?

Por: Fernando Carrillo Flórez
EXISTE UNA “ALDEA GLOBAL JUDIcial” así muchos sigan convencidos de la necesidad de seguir mirándose el ombligo o, como alternativa, regresar mejor al pasado. La obsesión por los debates parroquiales impide mirar más allá de una coyuntura local que olvida que hoy las controversias en materia de políticas públicas son globales.

El texto de la reforma a la justicia parece que superó con dificultad su condición de simple borrador a la espera de ser perfeccionado, como lo anunciaron sus propios autores, pero no levantó a tiempo la mirada a la agenda exterior de reforma del sistema; no sólo en el vecindario sino a nivel global. Ello hubiera servido además para oxigenar una polémica cuyo epicentro doméstico es la doble instancia para los congresistas investigados y el mecanismo de selección de los magistrados.

La dimensión internacional de una reforma del sistema de justicia no puede ignorar, por ejemplo, que en la Unión Europea de los 27, el debate actual gira alrededor de temas como la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil, los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica como factor de desarrollo del mercado y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Se podría aducir que esa es la agenda de un continente desarrollado política y económicamente, pero ello pasaría por alto el desafío que constituye para una docena de antiguos Estados totalitarios de la Europa del Este, ahora el alma de la nueva Europa. De paso, son temas cuya actualidad en Colombia es incuestionable.

Hoy se reconoce que la reforma del sistema de justicia es bifronte. Es reforma política y reforma social al mismo tiempo. Ello sirve para entender que no se puede desconocer su dimensión política y que la debilidad de las instituciones políticas va a repercutir en las instituciones judiciales. De otra parte, es evidente que las prioridades hoy en el campo de la transformación del sistema de justicia a nivel mundial apuntan más al fortalecimiento institucional para mejorar el acceso a la justicia y la prestación eficaz de ese servicio público a los ciudadanos. Y esto último es la cara social de la reforma.

Esta oportunidad debería aprovecharse para hacerle un examen completo a todo el sistema de justicia, que incluye la responsabilidad del Ejecutivo y de otros órganos a la hora de garantizar el acceso a la justicia, fundamental para combatir la exclusión y la desigualdad, que es la falla geológica de los sistemas políticos en América Latina. Para no hablar de otros temas, manejados como reformas al detal, al margen de una perspectiva de política integral de justicia y al calor de la urgencia de soluciones transitorias.

Pero la gran reforma pendiente no requiere cambio constitucional. Es la transformación del recurso humano involucrado en la administración de justicia. Allí hay una gran labor para realizar por parte de las facultades de derecho, los colegios de abogados y los jueces. Y el problema no está en el sistema de selección de jueces y magistrados sino en el proceso mismo.

Por ello, a propósito de la elección inminente de nuevos magistrados de la Corte Constitucional, debe perfeccionarse la idea oportuna de una veeduría, como lo ha planteado la Corporación para la Excelencia de la Justicia, pero que llegue a convertirse en un escrutinio efectivo de la solvencia jurídica, la idoneidad profesional, la independencia de criterio y la firmeza en la defensa de los valores constitucionales por parte de quienes aspiren a ser parte de las ternas. Lo que está en medio es la continuidad de unas conquistas sociales de la Corte que sirven como modelo a seguir para varias jurisdicciones constitucionales en distintos continentes.

 Tampoco es éste un debate local. El diario El País de Madrid reclamaba hace pocos días para España ese tipo de criterios para la selección de los aspirantes al Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. No sería mucho pedir a los involucrados en el proceso que dejen atrás prácticas arraigadas en el reparto de cuotas políticas, como se ha visto en el Consejo Superior de la Judicatura. Ése podría ser un buen punto de partida de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y sería más útil para la justicia del futuro que consumir al Congreso en la discusión de una reforma cuya fase de construcción de consensos está en veremos.

  • Fernando Carrillo Flórez

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Opiniones

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Opinión por:

Gatubela

10 Septiembre 2008 - 6:10pm
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Que plomazo de columna. Nada de nada. Como siempre....

Opinión por:

requetemauricio

10 Septiembre 2008 - 7:15am
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Solo lean el artículo de doña Cecilia

Opinión por:

manuelmejia

10 Septiembre 2008 - 2:28am
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La desfachatez
Los partidos cubren el Poder Judicial con vocales partidistas y relegan solvencia y valía profesional

La composición del nuevo Consejo del Poder Judicial muestra que PSOE y PP, en contra de sus promesas y proclamas, siguen valorando la afinidad política de los candidatos por encima de su solvencia profesional. Y que sigue vigente la lógica de otorgar manos libres al otro partido a cambio de tenerlas también para designar a los propios. No es ése el diseño constitucional, que exige mayorías cualificadas en los nombramientos para favorecer el acuerdo en torno a cada candidato. Pero es evidente que se prefieren las cuotas.

(Consejo General del Poder Judicial)
Es lamentable que tras casi dos años de interinidad del Consejo Judicial saliente, en los que el deterioro de la institución ha alcanzado las más altas cimas, lo único que acordaran los máximos líderes del PP y del PSOE en su reunión de julio fuera el número de vocales que cada uno de ellos propondría, sin siquiera intentar la eventualidad de un acuerdo sobre los nombres. Es decir, renunciando a la regeneración de la independencia judicial, como hubiera sido el caso si se hubieran presentado unos candidatos menos marcados políticamente.

Escandaliza el fuerte perfil partidista de los ocho vocales correspondientes al cupo de juristas "de reconocido prestigio" a que se refiere la Constitución, en algunos casos, miembros destacados de los partidos que los proponen, cuando no ex altos cargos de Gobiernos del PSOE o del PP. Los dos de CiU y PNV son directamente ex diputados. También es llamativa la estricta militancia asociativa de los 12 vocales elegidos de "entre jueces y magistrados". A pesar de que figuraban profesionales independientes avalados por sus compañeros en las listas remitidas a las Cámaras, y a que casi la mitad de los jueces no están afiliados, todos los elegidos son miembros de alguna de esas asociaciones. Y es una novedad que en la cuota del PSOE figure un miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, que se define como centrista; los 9 elegidos por el PP son de la conservadora APM.

Este sistema de presentación de listas de candidatos por las asociaciones para que los grupos políticos elijan de entre ellos, que se creyó podría despolitizar la elección, sólo ha servido para acentuar la dependencia partidista, dada la identificación estricta entre las asociaciones y sus partidos de referencia. Y escandaliza el diluido perfil jurídico de la mayoría de los elegidos; en algún caso, ese perfil profesional es tan tenue, que parece que la elección no sólo ha sido inspirada por la esperanza de una futura fidelidad a las directrices políticas, sino que es el pago por servicios prestados en el pasado.

El nuevo Consejo responde a la relación de fuerzas existente en el actual Parlamento, como el anterior se constituyó en 2001 a imagen de la mayoría absoluta del PP. Los partidos han hecho caso omiso de la advertencia del Constitucional de que la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo sólo es acorde con la Constitución si se aleja de "la lógica del Estado de partidos" y tiene en cuenta criterios distintos de los de la estricta relación de fuerzas en el Parlamento.

La "lógica del Estado de partidos" llevó a que el anterior Consejo haya estado durante casi siete años dominado por una compacta mayoría conservadora, sistemáticamente alineada primero con las opciones de política judicial del PP, y convertida a partir de marzo de 2004 en punta de lanza en el ámbito judicial de este partido en su estrategia de oposición al Gobierno de Zapatero. La nueva composición, no más independiente pero sí más equilibrada (nueve a propuesta del PSOE, otros tantos del PP y dos de los nacionalistas), tal vez facilite, de todas formas, la búsqueda de mayorías transversales en torno a asuntos concretos, rompiendo los férreos alineamientos anteriores y aminorando, retroactivamente, la desfachatez del pacto original. En las manos de cada uno de ellos está actuar de forma independiente al margen del sistema de designación.

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