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La Constitución de 1991 intentó otorgar representación a todas las regiones del país. El federalismo, que fuera instaurado entre 1856 y 1886 y entregara muchas atribuciones fiscales a las grandes regiones del país, fue barrido por los conservadores de la historia, después de tres guerras civiles. El nuevo ordenamiento territorial centralizó excesivamente el poder en Bogotá y despojó de todo autogobierno a los otrora estados soberanos. Estos fueron atomizados en departamentos durante el siglo XX, hasta el punto en que quedaron atrofiados, con muy pocos recursos que pudieran recaudar y gastar. Se vieron así forzados a mendigar dineros del Gobierno Nacional.
El intento de fortalecer las regiones que surgió de la Asamblea Constitucional de 1991 estableció un sistema bicameral con circunscripciones departamentales más un componente de población para la Cámara, y una circunscripción nacional para el Senado, exclusivamente en función de la población. Sin embargo, la representación de las regiones después de 25 años de la Constitución ha probado favorecer a las grandes ciudades y a los departamentos más ricos.
Los departamentos más pobres y menos poblados no tienen representación en el Senado y sólo dos representantes en la Cámara. No cuentan, por lo tanto, con suficiente influencia para dirigir recursos para paliar sus necesidades. Esta tendencia se refuerza mucho con el nombramiento de ministros surgidos de las regiones más pobladas del país, según Adolfo Meisel. La discusión en La Habana en torno a la representación de los territorios planteó soluciones sólo transitorias e inadecuadas. Ese es el tema de un interesante ensayo de Jorge Armando Rodríguez*.
Las cifras sobre la representación de los departamentos en las dos cámaras son elocuentes: hay 14 departamentos de 33 que no logran elegir ningún senador o sólo lo hacen esporádicamente; en la Cámara pasa algo similar, pero en menor grado, porque hay un componente de población que se agrega a los dos representantes que tiene cada departamento. Aun así, el 60 % de las curules en la Cámara son elegidas por población. El resultado es que entre 4,5 y 7,3 % de la población colombiana no cuenta con representación alguna a nivel parlamentario. Las antiguas intendencias y comisarias son las más afectadas, aunque departamentos como Chocó, La Guajira, Quindío, Casanare y Meta, que están medianamente poblados, han quedado sin representación en varias de las legislaturas.
En el bicameralismo colombiano, el Senado tiene mayor injerencia en temas internacionales y la Cámara en asuntos económicos, pero las discusiones se repiten en ambas y las decisiones tienen que ser conciliadas. La ausencia de tantos departamentos en una de ellas y su presencia diluida en la otra les resta influencia en la puja por los recaudos del gobierno central o en tantos otros temas que los afectan, reforzando políticamente su pobreza.
La solución a la representación diluida de los territorios pasa por otorgar un senador para departamentos con menos de 1,5 millones de habitantes y reducir el componente poblacional para la Cámara. El Gobierno propuso infructuosamente algo en esa dirección en 2014, circunscrito a un senador para departamentos con menos de 500.000 habitantes, que todavía dejaba subrepresentados a los entes medianamente poblados.
* “Descentralización (y centralización) sin representación”, Documento CID Nº 81, UN.