Óscar Iván Zuluaga propone la creación de un Ministerio de Desarrollo Sostenible, con la integración de la gestión del agua, el desarrollo urbano y el territorio. Muy similar al que había aplicado el entonces presidente Álvaro Uribe, quien fue severamente criticado con opiniones informadas e indicadores, resultando así heredero de ocho años que pasaron a la historia como los más cuestionados en la gestión ambiental. Juan Manuel Santos, en su nueva propuesta, es parco y deja implícito un refuerzo para un eventual segundo gobierno.
No hemos conocido un balance de las promesas que hizo el presidente Santos con los líderes espirituales de la Sierra Nevada: mejor no escudriñar. Ni en la primera ni en la segunda vuelta los candidatos convencieron en el tema ambiental (ya sea por su falta de conocimiento o profundidad), si hacemos un par de pequeñas y esporádicas excepciones. La tragedia política es que, en medio de opiniones muchas veces mediáticas, no hay rendición de cuentas de los gobernantes, ni posturas programáticas de partidos o movimientos. Resulta lamentable que los temas ambientales resulten así hoy atrapados en la polarización.
Sea quien sea el que gane, encontrará retos ambientales que superan sus propuestas. Las llamadas locomotoras de la prosperidad, que en gran parte continúan las políticas de crecimiento económico que implementó el expresidente Uribe, están en parte detenidas y casi siempre empantanadas en medio de conflictos socio-ambientales que aparecen como una de las principales características socioecológicas del país.
Para el Observatorio de Conflictos Ambientales estamos en el primer puesto hemisférico. El sinceramiento en el índice de Yale-Columbia denota una pésima calidad ambiental progresiva en los asentamientos humanos, que ya empieza a desnaturalizarse como tema “ambiental” para pasar a ser de salud pública. El conflicto de intereses entre numerosos gobiernos locales, y la minería como proyecto de interés nacional, debilita la gobernabilidad. La inversión en investigación ambiental es tan débil que parece un desprecio por el conocimiento: es, sin embargo, esencial para un país poco conocido y en el que ya abundan las sorpresas ecológicas, como vimos en Casanare.
Tanto el expresidente Uribe como el mandatario Santos rindieron tributo a la naturaleza, creando parques nacionales, como Bahía Málaga y la ampliación de Chiribiquete, respectivamente. Y en esta recta final podrían esperarse de parte del presidente-candidato nuevas creaciones de áreas protegidas, que si bien necesarias, resultan insuficientes, cuando es un secreto a voces que la gestión de los parques y áreas protegidas requiere una profunda renovación.
Para la OCDE, Colombia está muy atrasada en la adecuada integración de los parques, con una población urbana que cada vez demanda más naturaleza protegida. Algunos parques, como el Tayrona, son una vergüenza, no de los gobiernos, sino del Estado. Y es justamente aquí donde la situación resulta más preocupante.
Los principios ambientales ya están en la Constitución, en su momento conocida como una constricción verde. Así, lo que está en juego no sería solo el fin del conflicto como tal, sino la posterior obligatoriedad de aplicar los principios de una Constitución garantista. En temas ambientales, esto si genera una diferencia. El futuro ambiental depende directamente del resultado del actual proceso de paz. No solo por la gestión local en los sitios de la guerra, sino por la oportunidad para actuar sobre los grandes temas del presente que, en medio de la guerra, siguen aplazados para el futuro.