Gracias a la política de Seguridad Democrática, la presencia estatal en el territorio nacional es un hecho real, con beneficios tangibles para todos los colombianos. Los índices de violencia se han reducido sustancialmente. El secuestro es hoy una fracción de lo que fue. Algunas ciudades colombianas dejaron de ser las capitales mundiales del crimen y se convirtieron en urbes dinámicas, con problemas, pero con futuro y esperanza. Las Farc se encuentran diezmadas. Han perdido su iniciativa y unidad.
Los analistas todavía discuten sobre su situación real, pero pocos niegan que su declive es sustancial e irreversible. El mes de marzo de 2008 probablemente será recordado como un punto de quiebre en la historia de las Farc, una guerrilla que recibió al presidente Uribe con cohetes repletos de dinamita, lanzados desde las mismas inmediaciones del centro histórico de la capital colombiana.
Los éxitos de la Seguridad Democrática redundaron en un clima favorable para la inversión. En tan sólo seis años, la inversión (como porcentaje del PIB) pasó de los niveles más bajos de la historia a los más altos. La inversión extranjera llegó a borbotones. La economía, empujada por una situación internacional favorable, se recuperó ostensiblemente. La pobreza disminuyó varios puntos porcentuales. En septiembre de 2002, el entonces ministro de Hacienda, Roberto Junguito, afirmó que el país soñaba con una tasa de crecimiento de 2 por ciento. Seis años después, una tasa de crecimiento de cuatro por ciento es vista, por todos los analistas, como un resultado mediocre.
Pero no todo ha sido bueno durante estos seis años. Las sombras son considerables y se harán más evidentes en el futuro. El desempleo, por ejemplo, sigue siendo muy alto, el mayor de las economías grandes de América Latina. La informalidad laboral no ha disminuido un ápice a pesar de la exuberancia de la economía. La política de infraestructura ha sido una sucesión de fracasos, de errores de concepción y de manejo. El gobierno de Uribe desperdició una oportunidad única para recuperar el importante rezago vial del país. El problema fiscal no está resuelto y podría empeorar con la desaceleración económica.
De los países grandes de América Latina, sólo Colombia, Argentina y Venezuela no tienen grado de inversión. El manejo de las relaciones exteriores ha sido errático. La Cancillería ha sido, durante casi todo el tiempo, un dispensador de favores políticos. El Gobierno puso todos los huevos en la misma canasta, en sus relaciones con el presidente Bush, lo que, entre otras cosas, terminó enredando el TLC con los Estados Unidos.
El Gobierno, además, ha debilitado la división de poderes y ha desinstitucionalizado la toma de decisiones. El presidente Uribe ha concentrado mayor poder que casi cualquier otro mandatario de nuestra historia reciente. Los ministros se han convertido en simples ejecutores de sus directrices. El Presidente propone y dispone. Los demás ejecutan. Y cuando los poderes independientes piensan o actúan distinto, el Gobierno los impreca públicamente o los conmina a escuchar al pueblo.
Los escándalos han sido, además, el tema dominante del segundo período de Uribe. Una buena parte de la bancada de Gobierno está investigada o en la cárcel. Varios miembros del Gobierno (y el mismo Presidente) están siendo investigados por el delito de cohecho. La acumulación de poder ha incrementado la pugnacidad del debate político. La perspectiva de una segunda reelección ha aumentado la polarización y las preocupaciones por la creciente desinstitucionalización.
En fin, los beneficios del gobierno de Uribe, que ya cumple seis años, son evidentes. Los costos son más difíciles de precisar y seguramente serán mayores en el futuro. Las luces brillan ahora con fuerza. Pero las sombras son preocupantes. Y probablemente lo serán cada vez más.