El caso concreto —y como éste habrá muchos más que no son registrados por los medios de comunicación— ejemplifica el tipo de peligrosas actitudes en las que con facilidad puede caer todo el que hace uso de un arma en su vida cotidiana. En esta oportunidad el turno fue para Daniel Patiño Parra, comerciante al que un comandante de la Policía de Chapinero calificó de “ciudadano de bien”, pese a que sin permiso andaba armado, disparó dos veces contra quien creyó le estaba robando su camioneta —que no era otra persona que un estudiante que al ver que un carro rodaba calle abajo sin freno ni piloto, intentó por sus propios medios detenerlo—, le ocasionó la muerte al profesor de la Universidad de los Andes Diego Echeverry Campos y no tuvo reparo alguno en intentar escapar.

Frente al lamentable hecho, el general Rodolfo Palomino enfatizó en la importancia de aplicar la Ley 1142, que posibilita que se le imponga una pena mínima de cuatro años de prisión a quien es capturado con un arma de fuego sin registro. Como ésta que mató al profesor Echeverry, aparentemente más de un millón circulan por el país. En lo que va del año, 1.200 han sido incautadas en Bogotá sin que sus dueños hayan sido debidamente judicializados.

El problema es entonces grave y precisa atención inmediata de parte de las autoridades. Más aún en una ciudad en la que las riñas, las peleas callejeras y los atracos coexisten con sectores de la población prestos a ejercer justicia por sus propias manos. Tal es el caso del linchamiento al que fue sometido el ladrón de un taxi y las 3.420 riñas registradas por la Policía Nacional durante el fin de semana en el que Patiño huyó y fue detenido por las autoridades.

El enfoque utilizado, sin embargo, sigue siendo inaceptable. Como bien lo señaló la propia secretaria de Gobierno, Clara López, es inaudito que el Congreso de la República hubiese enterrado una iniciativa que permitía que los alcaldes regularan el porte de armas en sus territorios. Las autoridades que emiten los permisos, licencias y salvoconductos para portar armas siguen siendo los comandantes de las brigadas que hacen presencia en las ciudades. De ellos, y no de las autoridades civiles, depende que el uso de las armas se restrinja y ello normalmente solo ocurre  en épocas en las que se considera que el orden público puede verse afectado por una fiesta o un evento especial.

Nada se dice del resto del año y el único debate que el Congreso y las Fuerzas Militares permiten hasta la fecha es el de si se están haciendo o no las verificaciones policivas del caso para garantizar que las armas que abundan en las calles —y que no son nada difíciles de conseguir en el mercado negro— tengan sus respectivos permisos.

Este inaudito cinismo ha llevado a que algunos defiendan el porte legal de armas, en razón a que determinadas estadísticas demuestran que los índices de homicidios son  altos ahí en donde las armas ilegales incautadas también lo son; y no así donde están las armas legales que, desde esta perspectiva, no suelen asociarse a los homicidios que se cometen. Las ilegales matan, las legales defienden, es la tesis en boga.

Pese a que la ciudadanía no suele caer en este falso y cruel dilema, y por el contrario acompañó masivamente propuestas como la liderada por el ex alcalde Luis Eduardo Garzón en aras del desarme ciudadano y un control de la política de restricción de armas —que, insistimos, no se entiende por qué motivo reposa en manos de una autoridad militar y no civil—, el debate sigue siendo un tabú y ello pese a los múltiples problemas que Colombia vive debido a la violencia política y no política. Hechos como el del profesor Echeverry deben servir para abrir los ojos y entender que la presencia de armas en manos particulares debe ser una excepción profundamente regulada y no la norma común que es hoy, con tan trágicas consecuencias.