Ha salido el propio Presidente de la República en defensa de sus funcionarios con argumentos que en principio suenan válidos. Ha defendido, como encargado del orden público, el derecho y el deber que le asiste en recibir informaciones sobre posibles delitos. Ha demostrado que no se trató de un encuentro clandestino en la Casa de Nariño, sino que existen los registros pertinentes de la visita. Ha asegurado que no había intención de “enlodar” la labor de la Corte Suprema de Justicia, lo cual quedaría demostrado con que no se filtró la información que en su contra traían los delegados del mafioso de marras. Y ha sostenido que sus funcionarios no formularon denuncia alguna porque encontraron la información “irrelevante” o porque la transcripción de las grabaciones entregadas no se ha terminado, cuatro meses después.
Todas estas clarificaciones, en efecto, darían para pensar que se trata de un escándalo de poca monta, magnificado por la tensión cada vez más aguda entre las ramas del poder público a raíz de las investigaciones que adelanta la justicia por las para-farc-yidispolítica. Con todo, hay elementos de este episodio que generan dudas.
De entrada, por ejemplo, y así no sea delito, es un despropósito que el secretario jurídico de la Presidencia —cuya función es dar conceptos jurídicos, preparar proyectos de ley, decretos y resoluciones, revisar contratos y a lo sumo colaborar en los juicios contra la Nación, y no como se presentó ayer, ser “el abogado del presidente Uribe”— haya promovido una reunión con paramilitares para recibir acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia. Mayor despropósito aún es que haya asistido a una reunión de ese corte el secretario de prensa, cual si estuviera presto a manejar la información que de allí saliera de manera estratégica. Esa fue una reunión que, si se consideraba importante que se tramitara desde la Casa de Nariño, debió conducir desde el comienzo el Alto Comisionado de Paz o que, de lo contrario, se debió evitar y remitir a las autoridades judiciales.
Son elementos de procedimiento tan sencillos como esos los que llevan a algunos a pensar que todo se trató de una operación de la Casa de Nariño, en alianza con peligrosos delincuentes, para desprestigiar a los magistrados. La informalidad en asuntos de tan alto calibre y con tan oscuros personajes no parece la mejor manera para tramitar los asuntos públicos, así a veces se obtengan informaciones valiosas.
También sorprende la afirmación de que no se hizo nada con el material entregado, porque se consideró que era “irrelevante”. Ante una denuncia de tal gravedad, como la que supuestamente contenía el material ofrecido, la relevancia de la información no era asunto que el secretario jurídico de la Presidencia, y menos el de prensa, pudieran valorar, sino que debieron haber permitido que las autoridades judiciales lo hicieran. E igual, si les resultaba irrelevante la denuncia, los funcionarios de Palacio deberían haberse cuando menos escandalizado de comprobar cómo unos peligrosos delincuentes intentaban desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y salir a denunciarlo a voz en cuello, como seguramente lo hubieran hecho si las denuncias contra la Corte hubiesen tenido sustento.
Porque una cosa que sí queda clara de este escándalo con que comienza la semana, es que las maniobras que pretenden enlodar a la Corte Suprema de Justicia, y seguramente también a la Presidencia de la República y otras instancias del Estado, van muy en serio. Con lo cual lo que urge repetir, aunque suene a cantaleta, es que las instituciones y quienes temporalmente las representan deben actuar con mayor serenidad cada vez que surgen informaciones de este tipo, con amplia resonancia mediática, pues mientras tanto, los delincuentes están buscando —y consiguiendo muchas veces— pescar en el río revuelto de estas peleas insulsas entre las diferentes cabezas del organigrama del Estado.