Las preocupaciones sobre la situación laboral de los corteros de caña no son en realidad un asunto nuevo. En junio de 2008, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigaría su penosa situación laboral y tomaría cartas en el asunto. Tres años atrás, en 2005, por los mismos motivos se llegó a un primer paro que no mejoró en nada la situación. Poco ha cambiado desde entonces y el modelo de contratación, base de la disputa de ahora, sigue siendo el mismo. Aproximadamente 100 cooperativas de trabajo asociado contratan a más de 9.000 personas y liberan a los ingenios azucareros de las responsabilidades que bajo contratación directa deberían asumir.

No sin razón exigen los corteros, a través de su sindicato nacional (Sinalcorteros), contratación directa, estabilidad laboral y negociaciones colectivas. A lo cual el Ministerio de Protección Social, en un tono más bien cínico, ha respondido que, dado que los corteros, bajo este modelo de contratación, son empresarios y trabajadores al mismo tiempo, “los asociados de una cooperativa no pueden ejercer el derecho de negociación colectiva, ni votar la huelga”.

Han argumentado también los industriales de la caña que la huelga es promovida por una minoría de trabajadores pertenecientes a las cooperativas, quienes están impidiendo que la mayoría —en esencia quienes sí gozan de contrataciones directas y condiciones labores aceptables— puedan ingresar a los ingenios a continuar con la producción, lo cual constituye un bloqueo inaceptable.

Las posibilidades de negociación, en esas condiciones, están cerradas. Tanto más cuanto la estrategia del Gobierno y los empresarios para la solución de la huelga parece enfocada a la utilización de la fuerza antes que al estudio de la situación laboral de los corteros, así sean solamente algunos, que tampoco pocos. Muy infortunados, en ese sentido, los señalamientos del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien ha dicho que tras la huelga se esconden “fuerzas oscuras” y que la Policía y el Ejército ya están informados de la situación y es preciso “estar abiertos a cualquier mecanismo que permita volver a la normalidad”. Términos muy parecidos utilizó el presidente del gremio azucarero, Asocaña, Luis Fernando Londoño, quien no ve fuerzas “oscuras” sino “extrañas” en el movimiento huelguista.

Tramitar las peticiones de Sinalcorteros bajo una mirada tan parcial, como un asunto de mero orden público o ejerciendo presión pública culpándolos del incremento en el precio de la gasolina, no parece un buen camino para avanzar hacia una solución. Tampoco, por supuesto, que la presión la ejerzan los corteros con actitudes amenazantes de machetes al aire. ¿Cómo avanzar entonces?

Nadie niega la importancia de la agroindustria del azúcar y el tremendo impacto social que genera como fuente primerísima de trabajo en el campo para miles de colombianos. El asunto es de qué manera los trabajadores están —o en el futuro podrían estar— beneficiándose del nuevo desarrollo de la industria hacia los biocombustibles, de la favorable normatividad a sus mercados con la obligación de utilizar el 10 por ciento de etanol en la gasolina y de los subsidios que entrega el Gobierno y que permiten rentabilidades que con la sola venta de azúcar difícilmente se habrían podido conseguir en el mercado externo.

Lo cual, en principio al menos, no parece un asunto “oscuro” o una “intimidación al Estado” que deba ser solucionada con la intervención de la Policía y el Ejército. Los ingenios azucareros tienen, como se ha visto en intervenciones más calmadas del presidente de Asocaña durante estos días, argumentos de sobra para exponer en una eventual negociación sobre sus prácticas laborales, bien para ceder en algo o bien para convencer en mucho, y encontrarle una solución a la huelga que ya afecta a más de 30 millones de personas por el incremento en el precio de la gasolina.