¿Estamos realmente preparados para el invierno?

El panorama, registrado por los diferentes medios de comunicación y corroborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (OPAD), es desolador: 16 muertos, más de 40 heridos, cinco desaparecidos, 25.436 familias afectadas, 381 viviendas destruidas, 12.233 viviendas averiadas, 27 departamentos afectados, 155 municipios en emergencia, ríos desbordados, inundaciones, derrumbes y deslizamientos.

Las autoridades han puesto al servicio de las comunidades afectadas sus programas de atención. Las herramientas disponibles, aparentemente bien diseñadas, parecen funcionar. El Ideam cumple con sus funciones básicas de elaboración de pronósticos y alertas a partir del monitoreo de sus 3.000 estaciones que hacen mediciones del clima y la OPAD hace lo propio realizando simulacros, laboratorios de previsión de desastres con comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo, así como recomendaciones para los comités regionales y locales con respecto a lo que se recomienda hacer en casos de inundaciones.

Se sabe, entonces, que aún faltan dos o tres semanas más de fuertes lluvias, que sectores específicos de los ríos Cauca, Magdalena y Arauca se encuentran en alerta debido a las inundaciones y que los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Bolívar, Santander, Boyacá, Tolima y Valle del Cauca se cuentan entre los más afectados. Hacia allá se dirigen las ayudas gubernamentales y no gubernamentales, así como la atención de la opinión pública.

Todo lo cual, además de los $8 mil millones invertidos por el Ministerio del Interior en los departamentos afectados por la primera temporada de lluvias —y viene una segunda que arrancaría en septiembre e iría hasta finales de noviembre—, hace pensar que se asiste, en realidad, a un ritual que año tras año parece afectar a los mismos y en los mismos lugares del país.

A pesar de la planeación y el éxito de las políticas públicas empleadas para prevenir y reaccionar ante los embates de la naturaleza, Colombia parecería estar destinada a ver a su población más pobre y vulnerable padecer una tragedia cada vez que llega una nueva temporada invernal. Lo vemos en la televisión y en los noticieros: familias humildes que por falta de opciones habitan en lugares próximos a los ríos —de los que se sabe ocasionarán inundaciones—, lo pierden todo y se ven obligadas a volver a reconstruir sobre los escombros.

En su forma de relacionarse con el Estado, por otro lado, queda claro cómo las poblaciones afectadas por la ola invernal reciben la atención de los gobiernos de turno en los momentos en que las necesidades apremian. Los poderes locales aprovechan para gestionar los recursos necesarios para atender las emergencias y los damnificados asisten a la llegada de un Estado que, en el resto del año, les es esquivo cuando no completamente desconocido.

El modelo empleado hasta el momento, entonces, es altamente cuestionable. A diferencia de los países desarrollados, en los que los desastres naturales motivan la construcción de nueva infraestructura y, a la larga, terminan convirtiéndose en impulsos al desarrollo —como ocurre con las guerras—, en economías como la nuestra los desastres naturales nunca dejan de ser desastres. Es más, los preciosos recursos destinados al desarrollo de una región específica terminan siendo utilizados para aplacar las consecuencias de la devastación ocasionada por el fenómeno natural de turno.

El Estado colombiano, o la forma mediante la cual ha sido manejado, nos tiene acostumbrados a mitigar antes que prever. Esa no puede seguir siendo la respuesta a los retos que la naturaleza le plantea a un país en el que son más los pobres que los ricos. Como tampoco puede seguir siendo la “caridad” —que se expresa en la recurrente figura de la recepción de “alimentos no perecederos, ropa y colchones”— la base sobre la cual descansa la ayuda que reciben los damnificados. Es responsabilidad del Estado asumir la protección de sus ciudadanos, como también lo es de la opinión pública  exigir mayor previsión de parte de su Gobierno e instituciones.