Alias Don Mario y su organización no son precisamente delincuentes de poca monta. Hermano del paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Don Mario es el principal disidente de la Ley de Justicia y Paz, se le acusa de estar involucrado en la lucha contra la temerosa oficina de Envigado por el control de la región de Córdoba y Antioquia y de ser el mayor narcotraficante colombiano del momento.

Aun así, Guillermo Valencia Cossio se desempeñaba como director de Fiscalías de Medellín, donde llegó a ejercer un inmenso poder y, por lo que se deduce de las conversaciones reveladas, lo utilizó para favorecer la red delictiva de Don Mario. Las grabaciones divulgadas sugieren también que la destituida directora seccional de Fiscalías de Córdoba, Perla Emperatriz Dávila Martínez, se encuentra ligada a la red delictiva de Don Mario.

Lo que indicarían estos dos casos es que la justicia sobre la que recae la posibilidad de saldar cuentas con un pasado violento —en el contexto de las vulgarizadas “verdad”, “justicia” y “reparación”— sigue siendo en realidad el comodín del que disponen aquellos que el Estado supone estar combatiendo. Los departamentos de Córdoba y Antioquia, considerados cunas del paramilitarismo, siguen siendo la tierra de nadie y uno de los escenarios que les están prohibidos a la justicia.

Pese a que el fiscal general, Mario Iguarán, se apresuró como era obvio a retirar de su cargo a Guillermo Valencia Cossio después de haberlo solamente trasladado a Tunja, su hermano Fabio advirtió ayer —tras haber inicialmente expresado un “profundo dolor de hermano” por los acontecimientos— que no piensa abandonar el cargo de mayor importancia en el gabinete presidencial, porque “no puedo ser el responsable de la conducta ni de los actos de un hermano ni de nadie”.

Claro, en estricto sentido nadie es culpable de lo que hagan sus familiares, pero es que Fabio Valencia Cossio es ni más ni menos que el ministro del Interior y de Justicia, y la persona que a nombre del Gobierno se apresta a liderar una muy criticada reforma a la Rama Judicial. No es claro cómo podría el ministro Valencia Cossio liderar en el Congreso la polémica reforma en un momento en el que la oposición pide a gritos su cabeza. La reforma, además, pretende modificar la Fiscalía, que es el órgano que se encuentra hoy en la mitad del escándalo.

En muy pocos países, incluso en la Colombia de hace no muchos años, no habría dudas sobre la responsabilidad política que el Ministro debería asumir, pues en últimas la familia de un político forma parte del capital con el que éste asciende en la vida pública. Por asuntos menores a un escándalo como el que se plantea en este caso, muchas figuras políticas cedieron sus ambiciones personales en aras de que la ciudadanía pudiera mantener la confianza sobre sus instituciones y quienes temporalmente las lideran.

Pero cada día en este país vamos corriendo los límites con el peregrino argumento de que hay que esperar las condenas o de que todo se trata de un ataque de la oposición al Gobierno. Como si todo se redujera solamente a un asunto penal. Por supuesto que en ese plano debe haber una investigación y unas decisiones judiciales, pero el ministro encargado de la justicia tiene que entender que no puede tener ninguna relación cercana, aun si no se trata de él sino de alguna persona en su familia, con el paramilitarismo ni mucho menos con el narcotráfico y sus redes de delincuentes.

Que ello tendría un costo político para el Gobierno, que sería darle un triunfo a la oposición que pide su renuncia o el nombramiento de un ministro ad hoc para el trámite de la reforma a la justicia, todos esos son asuntos menores frente a la necesidad de transparencia absoluta en el manejo de los asuntos del Estado. Está en mora el ministro Valencia en presentar su renuncia, así nunca haya cometido una falta. Y si no, es hora de que el presidente Uribe se lo aconseje.