Los pormenores técnicos de la operación, que nos revelan desde ya la existencia de una red virtual tremendamente complicada mediante la cual las Farc se comunican y establecen todo tipo de contactos con el mundo externo aun estando en la tupida selva fronteriza, fueron especificados con precisión por parte de Ronald Kenneth Noble, Secretario General de la Interpol. En aras de la simplificación, el funcionario explicó que se necesitaron cinco mil horas de trabajo para descifrar el equivalente a 39,5 millones de páginas en Word, que le tomarían mil años a una persona para poderlos leer si se dedicara a ello con la intensidad de 100 páginas por día.
Más allá de los tecnicismos, que en este caso son necesarios pero difíciles de interpretar, lo importante para el análisis es el hecho de que ningún archivo fue modificado, alterado o borrado. La Policía Nacional, en cabeza del general Óscar Naranjo, y el propio Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, sobre quienes se especuló todo este tiempo debido a las filtraciones de información de manera selectiva, han dejado su nombre en limpio, mientras en tono desesperado los mandatarios y políticos cuestionados por las revelaciones han salido a desconocer, como era de esperarse, el dictamen y la autoridad de la que goza la mayor institución de policía internacional en el mundo. El presidente venezolano equiparó la presentación del informe con un “circo de payasos”, el de Ecuador, en términos menos desobligantes, simplemente negó la validez de los resultados, y la senadora Piedad Córdoba argumentó la inexistencia de los computadores en cuestión.
La fiabilidad del informe no debe conducir a equívocos. Lo que sigue le compete a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, que desde que se supo de la existencia de los computadores debieron haber tenido acceso a su contenido para avanzar en las investigaciones. La Corte lo solicitó públicamente pero hasta ahora no ha llegado a sus manos. Quizás se esperaba la validación de su contenido, pero ya no hay excusas para que la justicia no tenga en sus manos esta información. Y hacia el futuro es importante aprender del error para evitar suspicacias y se debe asegurar que las fuentes de información que estén por llegar —porque con seguridad estas no serán la primeras— les sean remitidas con celeridad a los órganos encargados de su custodia. Por ejemplo, ahora que existen dudas sobre la suerte de los computadores que estaban en poder de la cúpula paramilitar extraditada hacia los Estados Unidos, deberían llegar también cuanto antes —al menos los que no se hayan refundido— a manos de las autoridades competentes.
Mientras las investigaciones de la farcpolítica en el país comienzan a avanzar con el contenido de los computadores —tanto para acusar como, si fuere el caso, para aclarar la honra de las personas que han sido señaladas sin pruebas de colaborar con las Farc—, en el plano de las relaciones internacionales lo que viene no será tarea fácil. Una vez validada la información de manera contundente, las estrategias de filtraciones y acusaciones públicas hasta ahora seguidas por el gobierno nacional deben ceder su lugar a una estrategia diplomática prudente y bien concebida para que la batalla legítima de Colombia frente a la expansión bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez, en alianza como ha quedado claro con fuerzas enemigas de nuestro Estado, tenga solidez y provoque la solidaridad internacional que corresponde.
De ese trabajo crucial de nuestra diplomacia en circunstancias ciertamente delicadas depende en buena medida el futuro de las deterioradas relaciones con la Comunidad Andina, nuestro socio natural. Y también, igualmente importante, el futuro del conflicto colombiano, cuya economía política dejó de estar referida exclusivamente al tema del narcotráfico como medio de financiación para involucrar ahora a países terceros y potencialmente ricos. El frente de batalla se ha ampliado de manera preocupante y por eso se debe ser ante todo estratégico en la respuesta.