Diariamente los medios mexicanos informan de enfrentamientos entre narcotraficantes y cuerpos de seguridad del Estado y se habla ya, a pesar de los 25.000 solados desplegados en zonas consideradas como territorios de narcotraficantes, de aproximadamente 1.400 asesinatos ocurridos en lo que va del año —lo que representa un incremento del 47% con respecto al año anterior— y de más de 4.000 personas dadas de baja desde que el presidente Felipe Calderón asumiera el poder en 2006.
Con el objetivo de contrarrestar la situación, desde octubre de 2007 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, solicitó al Congreso de su país la aprobación de la “Iniciativa Mérida”, que se componía, en su versión inicial, de una ayuda de 500 millones de dólares. La iniciativa ya fue aprobada inicialmente en el Senado, el pasado 22 de mayo, con un presupuesto de 350 millones de dólares —de los cuales, 100 se dedicarán al mismo tema de la lucha contra el crimen organizado, pero en Centro América— y en medio de una fuerte discusión frente a la necesidad de condicionar la ayuda a la protección de los derechos humanos presuntamente violados por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas.
El escenario remite, de manera obligada, a las similitudes y diferencias con la lucha contra las drogas librada por el gobierno colombiano de la mano del gobierno de los Estados Unidos en donde, de los primeros cargamentos de la bonanza marimbera, en la segunda mitad de los años setenta, se evolucionó hacia la configuración de redes económicas y criminales que fueron permeando la sociedad.
México asiste a una “colombianización” de la lucha contra las drogas -he ahí la similitud-, en la medida en que se pasó de la utilización de la policía al empleo directo del ejército como estrategia para controlar el narcotráfico y el crimen organizado. Pero México sigue sin ser Colombia, -he ahí su diferencia- en la medida en que el poder que ostentan los narcotraficantes de ninguna manera significa una amenaza real al poder político, como si lo fue en el caso de la Colombia de la década de los ochenta y principios de los años noventa, la forma como el grupo de los “Extraditables” puso en jaque al Estado y las instituciones colombianas a partir de una oleada de terrorismo, atentados, secuestros y asesinatos selectivos que tenía por fin la prohibición de la extradición de nacionales.
La amenaza que se cierne entonces sobre México se ubica en el terreno de la justicia y la policía. No hay, como si lo hay en Colombia, un proyecto político derivado del narcotráfico. La violencia que genera el narcotráfico en México, por otro lado, no es de ninguna manera rural. Se focaliza en las ciudades y en general poco se sabe de los campesinos que cultivan en grandes cantidades la amapola y la marihuana que convierten a México en el mayor proveedor de droga de origen ambiental. La violencia, a diferencia de Colombia, se concentra específicamente en el momento de la distribución.
Todo lo cual, de ninguna manera justifica que el Plan Mérida pueda o deba ser exitoso. La degradación del conflicto colombiano, que evidentemente tiene sus razones históricas propias, debería servir por lo menos para cuestionar las políticas antidrogas practicadas hasta el momento. En Colombia, si bien la primera etapa de la guerra contra las drogas llegó a su fin con la eliminación de los carteles de Medellín y Cali hacia mediados de los años noventa, el narcotráfico siguió su rumbo —impulsado como el propio Presidente mexicano lo sostiene por el masivo consumo estadounidense— mediante pequeños y menos ostentosos grupos de traficantes que terminaron por colaborar o por ser cooptados por los principales actores del conflicto interno colombiano.
Es hora entonces de empezar a considerar la posibilidad de debatir con los Estados Unidos las nefastas consecuencias, en general para los otros países, de su política antidrogas. México, aunque con diferencias, transita un sendero que Colombia ya vivió y del que de ninguna manera podría decirse que salió airoso. Quizás sea América Latina, liderada por Brasil, el lugar desde el que se podría empezar a discutir en otros términos la complicada relación que se teje con el cultivo y el consumo de la droga. Hay que apostarle a la madurez y el fortalecimiento de nuestras sociedades con el fin de creer que la prevención y la educación son mejores políticas que la persecución y la criminalización.