Eso sin negar, claro está, el intento de la guerrilla de aprovecharse de este movimiento legítimo, lo que ha servido de excusa perfecta para esa mirada tan parcial por parte de las autoridades.

Al cierre de esta edición, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) anunció la posibilidad de que sean convocados más de 20.0000 indígenas para la realización de una gran marcha que habría de llegar hasta la ciudad de Cali. Tras los enfrentamientos con la Policía, que ya dejan dos indígenas muertos y más de 90 heridos, así como 70 agentes del orden igualmente afectados –entre los que sobresale el caso de un policía que perdió las manos con un artefacto explosivo–, las miradas de la comunidad internacional se centran en la manera como se le está encontrando una salida a la situación.

Mal haría el Gobierno, ciertamente, en transar con protestas, cualquiera sea el actor que las protagoniza, que terminan en vías de hecho. Los indígenas del Cauca han recurrido al taponamiento de la vía Panamericana y han invadido predios de propiedad privada, como la finca Emperatriz, que evidentemente no pueden ser permitidos. Las 6.000 hectáreas de tierras que reivindican, así como los 66 asesinatos de indígenas ocurridos en lo que va del año, según cálculos de ONIC, constituyen situaciones que exigen la atención inmediata del Gobierno, pero existen vías más ortodoxas y menos radicales a la hora de realizar manifestaciones.

Sin embargo, justificar excesos en el uso de la fuerza, como lo denunció el delegado de la Defensoría del Pueblo en Cauca, Víctor Meléndez, quien calificó de “desproporcionada” la actitud de la Fuerza Pública, hace pensar en que el enfoque asumido es el de la prevalencia de la fuerza por sobre la concertación. Lo mismo ocurre con los sistemáticos señalamientos hechos por diversos miembros del Gobierno, incluido el Presidente, contra la organización indígena y su presunta colaboración con los grupos insurgentes.

La usual teoría gubernamental de las “fuerzas oscuras” tras toda manifestación social, como en su momento se dijo del paro de corteros de caña, es una estrategia peligrosa y a todas luces improcedente. Nadie niega que las Farc puedan estar queriendo pescar en río revuelto, y más en tiempos de fuertes movilizaciones –en un mismo año ha habido protesta de camioneros, cese de actividades de la Rama Judicial, paro de corteros de caña, exigencias de nivelación salarial en entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, la Registraduría y la DIAN- y de su propia debilidad. Pero asumir que una organización de largo aliento y tradicionalmente enemiga de los actores armados, como lo es el movimiento indígena, colabora con las Farc, sólo puede terminar en un mayor distanciamiento entre las partes. Si no es que en la propia muerte de los líderes indígenas que, en esa misma lógica en la que el que reivindica es guerrillero y por ende terrorista, son injustamente estigmatizados.

Las infiltraciones de los grupos armados ilegales existen, pocos lo dudan, pero no por ello pierde sentido el llamado de atención que los indígenas le hacen a la sociedad colombiana, y no sólo al Gobierno, para que se entere de sus deseos y frustraciones en medio del conflicto que los acecha. Circunscribir todo a esa aparente infiltración se lleva por la borda cualquier posibilidad de acercamiento. Precisamente por eso, el anuncio hecho por el Presidente en el sentido de adquirir parte de las tierras exigidas, al tiempo que se siembran dudas en torno de la legalidad de su accionar y se exigen disculpas a los policías que han resultado heridos tras los enfrentamientos, no generó ninguna reacción positiva de parte de los grupos indígenas. Iguales razones, pensarán, tienen ellos para exigir disculpas de parte de quienes los confrontan violentamente y estigmatizan.

Menos simplismo en el análisis y más apertura a entender los orígenes de este movimiento es lo que se requiere para acercarse a una solución verdadera y de largo plazo.