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Y la inteligencia: ¿al servicio de quién?

TRAS LAS DECLARACIONES HECHAS por el senador del Polo Democrático Alternativo Gustavo Petro, en las que acusó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de dar instrucciones explícitas encaminadas al seguimiento de sus actividades y las de los demás líderes de la oposición, el escándalo provocado por los memorandos generó la salida del coordinador de asuntos de inteligencia política y social de esa entidad, Jaime Fernando Ovalle Díaz, al parecer el encargado de dictar la orden y enviarla a los directores seccionales, y ayer, la aceptación de la renuncia a la directora del organismo, María del Pilar Hurtado, quien inicialmente manifestó que se trataba del acto individual de un funcionario ya despedido.

El Espectador
23 de octubre de 2008 - 11:00 p. m.
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De esa manera, y bajo la reiteración de que se trató de una decisión individual tomada “a sus espaldas” por un mando medio del organismo, el Gobierno nacional parece dispuesto a declarar cerrado el asunto. Pero lo sucedido es de suma gravedad y debe seguir siendo expulgado por las autoridades competentes hasta llegar a la verdad de los hechos.

Tanto más en cuanto existen hechos relativamente parecidos en la historia reciente del DAS que incrementan la preocupación ante tan execrable actitud de parte del órgano encargado de realizar labores de inteligencia y garantizar la seguridad del Estado. Esa misma teoría del mando medio “descarrilado”, de hecho, fue esgrimida inicialmente por confesos paramilitares que con ella justificaron el origen de las listas de supuestos colaboradores de la guerrilla que en su momento les fueron entregadas por el DAS. El caso del profesor Alfredo Correa de Andreis, quien fue injustamente acusado de auxiliador de la guerrilla y posteriormente, cuando recobró la libertad, fue asesinado, es quizás uno de los delitos más sonados del país por lo que representaba el humanista para la defensa de los derechos humanos.

El DAS, aunque se tiende a olvidar, no ha mucho fue también centro de preocupación por las infiltraciones que, como en otras instituciones de la sociedad colombiana, lograron los paramilitares. Su ex director, Jorge Noguera, fue investigado y encarcelado por sus presuntos nexos con grupos de paramilitares y por concierto para delinquir. Aunque hoy está libre, durante los tres años que ejerció como máxima autoridad del organismo, su jefe de informática, Rafael García, fue detenido por borrar archivos de narcotraficantes y paramilitares de las bases de datos de la organización, el director regional en el Atlántico, Emilio Vence, fue procesado por montar falsos atentados contra el presidente Álvaro Uribe y el propio Noguera, en 2005, debió dejar su cargo tras una pugna con el entonces subdirector, José Miguel Narváez, en la que fueron mencionadas investigaciones internas sobre presuntas filtraciones del paramilitarismo.

La labor realizada por Andrés Peñate para transformar el infiltrado organismo recayó luego en quien hoy es ya la ex directora. El trabajo que le corresponde a quien llegue a sucederlos no es poco y tendrá que hacerse bajo la vigilancia de los organismos de control y los medios de comunicación. Porque situaciones como la que llevó a que se filmara al senador del Polo Democrático Alexánder López mientras sostenía una reunión con los corteros de caña, o ésta que llama a que las actividades del también senador Petro sean vigiladas de cerca, como si se tratara de guerrilleros y no de políticos en el libre ejercicio de la oposición, preocupan y le hacen un gran daño al país.

Es inevitable, tras esta cadena de escándalos, preguntarse al servicio de qué y de quién se están utilizando los servicios de seguridad del Estado. Ojalá que se pueda aclarar pronto y de manera diáfana que no estamos ante una red de información estatal utilizada contra los propios ciudadanos. Estaremos atentos.

Por El Espectador

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