El tercer canal y la prórroga

La CNTV estableció, en concordancia con dos bancas de inversión (Estructuras en Finanzas y Correaval CGI), que la prórroga para cada canal será de un monto cercano a los 200 mil millones de pesos —82 millones dólares—, más el 7,5% de sus ventas brutas. Una cifra exagerada sobre la que no se dieron mayores explicaciones, que no se compadece con el monto cancelado anteriormente y que no toma en cuenta el nuevo escenario de competencia ni la crisis financiera global y el impacto que se sabe tendrá en la economía doméstica. Tan desfasada es la cifra, que ya hay quienes anuncian que se llegará al ilógico escenario, vivido hace 10 años, en que el Estado se vio en la obligación de devolverles dinero a los canales privados.

La CNTV decidió que sólo se abrirá una licitación para un canal privado más, pero lo insólito es que anunció que el precio base con el que grupos empresariales como Planeta, Prisa y Cisneros entrarán a competir, se mantendrá oculto. Frente a este polémico tema, la Procuraduría General de la Nación se pronunció mediante un comunicado en el que señala como “contrario a la ley el ocultamiento del precio mínimo de subasta en el caso del tercer canal”. En el mejor de los casos, el desconocimiento del monto incentiva un ejercicio especulativo en el que los parámetros que dictan la realidad económica del país son borrados de tajo. En el peor, los canales privados ya existentes no disponen de la información requerida para escoger si prorrogan, lo que no es obligatorio, o participan de la licitación por el nuevo canal.

En síntesis, pese al incremento en el valor de la prórroga, las variables utilizadas por las bancas de inversión para establecer el precio final no fueron inicialmente reveladas, como tampoco lo fue el precio que tendrá la licencia para operar el tercer canal. Ni siquiera se plantea el precio base ni si también deberán entregar el 7,5% de sus ventas brutas. Tampoco se sabe nada sobre cómo será la utilización por parte del nuevo canal de las redes del canal público o de los privados, ni cuánto o si habrá de pagar por dicho uso. Las reglas, pues, no están claras.

Tanto es así que el propio presidente Uribe intervino en la discusión y sugirió la creación de una mesa de diálogo con los presidentes de los canales privados. La CNTV, antes reacia a las elucidaciones, decidió dar a conocer a los canales el estudio con el que se determinó el monto de la prórroga y fijó la fecha última del 12 de diciembre para la entrega de observaciones. Se hará un comité evaluador y, de existir inconsistencias en las variables utilizadas, puede ocurrir que el precio de la prórroga sea revisado. Lo  cierto es que bajo el principio de igualdad, como lo sugiere la ley, el precio del  tercer canal  debería tener alguna relación con el que se le cobró a Caracol y RCN.

Queda en el aire la sensación de que la CNTV delegó sus funciones en dos bancas de inversión que conocen de finanzas pero poco o nada de televisión, de lo cual se desprende un interés evidente en conseguir recursos sin reparar en temas trascendentales como la calidad, el empleo que estas empresas generan o el desarrollo de la televisión como producto de exportación. Con inusitado  cinismo, la directora de la CNTV, María Carolina Hoyos, dijo que ganará “el que tenga más chequera”. Competencia, pluralidad y diversidad son bienvenidas, nadie lo niega, pero no como se están imponiendo, de manera poco transparente. La televisión, aunque la encargada de velar por su futuro lo vea de otra manera, no es un negocio simple.

* Advertencia: Comunican S.A., empresa editora de este diario, hace parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol Televisión.