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Lo peor es que se trata de personas de escasos recursos en una zona que de por sí lleva ya varios años en una de las peores crisis económicas de su historia. ¿De qué le sirve al presidente venezolano cerrar la frontera, más allá del bombo mediático que esto produce? No es claro que el cierre sea un requisito indispensable, ni siquiera provechoso, para atrapar a los culpables del ataque.
Este no es, por supuesto, el primer capricho del chavista en la frontera. Desde hace unos meses, cuando no está ocupado atacando a los distintos organismos internacionales, viene repitiendo el mismo mantra de argumentar que la violencia que sufre Venezuela es culpa de grupos armados paramilitares financiados desde Colombia. En algo tiene razón: la violencia está salida de control. Venezuela es uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios que —según cálculos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia— cerró 2014 en 82 por cada 100.000 habitantes. La sensación de inseguridad se agrava por la presencia de grupos paramilitares que, entre otras cosas, han atacado a quienes protestan contra el gobierno de Maduro.
Si le sumamos a esto la crisis económica por el precio del petróleo, el desabastecimiento de los supermercados y el fracaso visible de varias de las políticas del chavismo, es entendible el nerviosismo del presidente venezolano frente a unas elecciones inminentes donde, hoy más que nunca, se ve amenazado el dominio del chavismo. Y ni hablemos de la situación de los presos políticos, indignante espectáculo de un régimen que ya no tiene cómo ocultar sus miedos.
El cierre y las acusaciones, entonces, son una táctica más de desvío de la atención de la opinión pública. Lo preocupante, más allá de las implicaciones nefastas para la democracia venezolana, es que hay muchos colombianos que pagan los platos rotos. Le pedimos al gobierno colombiano que le exija más mesura al presidente vecino y, de paso, le pedimos al presidente Maduro que, si en realidad tiene pruebas de financiación colombiana a los grupos paramilitares, las aporte a la justicia. No hay motivos para mantenerlas guardadas.
Especialmente porque las zonas de frontera, en particular el lado colombiano, se han convertido en los fortines de carteles de contrabando, del narcotráfico y de las bandas criminales. La falta de políticas eficientes que blinden a estas ciudades contra la crisis venezolana tiene las tasas de desempleo y criminalidad en ellas por los cielos. Cúcuta, una de las más afectadas por la disminución en el comercio entre los dos países y por los cierres de la frontera, es la cuarta ciudad más pobre de Colombia, según el DANE.
En ese contexto fracasa el Estado colombiano, se fortalece la delincuencia y las personas del común siguen sufriendo. Agregar los caprichos del presidente venezolano es echarle sal a la herida. Se necesita con urgencia más seriedad. Si del lado de allá es difícil esperarla, de este no debería ser igual.
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