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La situación en Venezuela se agrava a cada minuto. Con la misma velocidad que surgen se desvanecen las fórmulas para facilitar el diálogo. El Gobierno, contra las cuerdas, buscó la mediación del papa para acercar a las partes mientras la oposición, curada de la mala fe y el juego sucio del chavismo, condiciona el acercamiento y mantiene la presión en la calle. Las fuerzas armadas, fiel de la balanza, se alinearon de manera vergonzosa con el oficialismo, mientras la Asamblea Nacional busca destituir al presidente Nicolás Maduro. La comunidad internacional observa sin decidirse a implementar la Carta Democrática de la OEA.
Este grave escenario, que coloca al país vecino al borde de un choque de poderes de imprevisibles consecuencias, no parece tener solución inmediata. El temido paso del gobierno de abortar la realización del revocatorio fue la gota que rebosó el vaso. La Asamblea Nacional anunció una serie de acciones y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) demostró ayer su capacidad de convocatoria con la gran Toma de Venezuela, como rechazo a un Gobierno que cada vez más parece una dictadura. Como lo dijera el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “solo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos (…) hoy estamos más convencidos que nunca del rompimiento democrático en Venezuela. Es hora de tomar acciones concretas”. Salvo contadas excepciones, no parece que los países de la región estén dispuestos a tomarlas. ¿Qué más hay que esperar?
El lunes anterior se anunciaba el inicio del diálogo el próximo domingo en la Isla de Margarita, gracias a la mediación del Vaticano, los tres expresidentes que actúan en nombre de Unasur y la oposición. En cuestión de horas todo cambió. La MUD se desmarcó y dijo estar dispuesta a hablar de cara al país y en Caracas. La labor de los tres expresidentes demostró de nuevo su ineficacia. Henrique Capriles, Leopoldo López desde su lugar de reclusión, y Acción Democrática (AD) demostraron su unidad de acción al no permitir que el oficialismo dividiera a los opositores. La oposición sabe muy bien que el gobierno sólo acepta dialogar cuando se siente acorralado, con el único objetivo de dilatar la búsqueda de una aparente solución hasta que tengan un escenario interno que les sea más favorable y abandonar las conversaciones.
Lo cierto es que el clima confrontacional se agravó cuando la AN inició el martes un juicio político al presidente por violentar el hilo constitucional al impedir el referendo revocatorio. Además se creó una comisión encargada de preparar un estudio “sobre la responsabilidad” penal y política y el “abandono del cargo” por parte del presidente. Se convocó a un paro nacional para el viernes 28 y marcha a Miraflores el 3 de noviembre. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro convocó el miércoles de urgencia el Consejo de Defensa de la Nación, al cual asisten todos los poderes públicos, para evaluar el golpe parlamentario que se estaba dando en su contra.
La solución podría ser un diálogo público, con mediación del Vaticano y, en lo posible, con participación de la OEA. La Cumbre Iberoamericana en Cartagena debería abordar el tema sin temores. Su primer resultado tiene que ser la fijación inmediata de la fecha para el revocatorio, antes del 10 de enero de 2017. No puede haber más dilaciones por parte del oficialismo ante una salida prevista en la Constitución. Cualquier otra fórmula podría generar una confrontación violenta indeseable, que ya con anterioridad se selló con un alto número de muertos y heridos en dos ocasiones. El gobierno de Venezuela tiene la palabra.
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