La Corte Constitucional y su crucifijo

Desde hace 25 años la sala plena de la Corte Constitucional, órgano judicial encargado de interpretar y preservar lo establecido en la Constitución de 1991, ha tenido un crucifijo de madera colgado en el espacio donde los magistrados del alto tribunal consideran los casos esenciales del país. Frente a una petición que buscaba quitarlo de la sala, el tribunal votó por negarla y dejarlo ahí. Sin embargo, sus argumentos no dejan de sonar extraños y ajenos al poder de los símbolos.

Juan Sebastián Vega, abogado sustanciador del despacho del vicepresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, elevó una petición para remover el crucifijo “con el fin de garantizar el deber de proteger los derechos fundamentales de los funcionarios de la Corte Constitucional que profesamos una religión diferente a la católica”. Tiene sentido. ¿Qué hace una figura con una clara asociación a una religión particular en un edificio público donde además se toman decisiones que afectan a todos los colombianos, independientemente de su fe?

Sorpresivamente, la Sala Plena de la Corte, en una votación de seis contra tres, decidió dejar el crucifijo argumentando que retirarlo sería un ataque contra los magistrados y funcionarios de la Corte que profesan la fe católica. Extraña inversión de la posición de “víctima”, por decir lo menos.

Remover el crucifijo no podría leerse, en un debate honesto, como un acto despectivo contra la religión católica. ¿Acaso las motivaciones para quitarlo tienen algún juicio de valor sobre el contenido de la fe profesada? Y, de ser así, ¿qué dicen entonces las ausencias en la sala de deliberaciones de los magistrados? ¿Qué dice, por ejemplo, que sea Cristo el representado y no una deidad de alguna de las otras religiones que, aunque minoritariamente, se encuentran en el territorio nacional? ¿Qué dice eso sobre los colombianos agnósticos o ateos? ¿Los excluye la Corte? Y ni hablar de todas las otras manifestaciones culturales y étnicas que pueden asemejarse a creencias religiosas. ¿No deberían estar también ahí en el lugar de donde salen sentencias que tocan a todas las personas del país? Claro, esa ausencia se explica en la falta de diversidad entre los magistrados de la Corte (y, en general, de todos los espacios de poder colombianos), todos con creencias y contextos muy similares.

Con todo el respeto que se merecen los seis magistrados de la Corte Constitucional, lo anterior no es el debate real que se debe construir alrededor del crucifijo. La pregunta aquí es sobre un Estado laico que debe representar a todos los ciudadanos. Y sí, la religión excluye, por más que una de ellas sea compartida por una abrumadora mayoría.

Todo lo anterior es relevante porque los símbolos importan. La misma Corte Constitucional ha construido su legado y su legitimidad sobre decisiones con cargas simbólicas contundentes. Claro que cada magistrado puede tener una fe propia, pero no una institución. Los espacios del Estado no pueden tener iconografía que invite a pensar que su actuar está motivado por consideraciones más allá de la ley. El crucifijo en la sala de la Corte envía el mensaje de que el catolicismo y el cristianismo tienen más presencia en la Corte que el resto de creencias. Eso sí puede leerse como un ataque a las minorías.

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