Mucho más grueso su contenido que el de las otras incipientes declaraciones de principios, donde, a decir verdad, más que certezas se tendían serias dudas sobre la legitimidad de todo el convenio. Era urgente hacer público lo que se pacta y discute a miles de kilómetros de distancia de la guerra y del debate público. El hermetismo, si bien razonablemente impuesto al principio, se convirtió a la larga en un arma de doble filo: las primeras críticas se convirtieron en la constante. Jugar a mano abierta era, sobre todo ahora, lo más conveniente.
De ahí, de la lectura juiciosa de estos tres documentos, es de donde deben surgir las críticas. De las verdades dichas y consignadas en el papel. Porque los opositores de este proceso —y sus defensores también, por supuesto— íbamos más bien a ciegas por un camino que no conocíamos: todo se reducía a conjeturas sacadas de primicias noticiosas que se confeccionaban a lo lejos. Del proceso de paz hablábamos por sus réplicas: lo que dijo el uno y lo que dijo el otro. Lo que hicieron las Farc en Arauca y la acción que acometió el Gobierno en respuesta. Del fondo, de la materia en sí, más bien poco. Nada.
En la cuidadosa lectura del documento hay mucho más que una serie de lugares comunes, como se ha dicho con insistencia. Hay cosas concretas. Planes para poner en marcha una vez el diálogo termine: la segunda mitad, la del día después del fin del conflicto. Ese primer paso se da hoy anticipadamente con la revelación de los documentos que allá pactan. Ya vamos teniendo una idea de lo que podemos refrendar en el futuro.
Lo más rescatable de todo es, por supuesto, la confección a varias manos de un documento único. El consenso mínimo que este país necesita para reconciliarse: ahí lo vemos apenas entrado el documento de la reforma rural integral (RRI), donde, inspirándose en principios distintos (la guerrilla por el lado de las causas históricas del conflicto y el Gobierno por el de “reversar” los efectos del mismo) logran proponer cosas en común: un fondo de tierras, un sistema integral de información catastral, unos programas de desarrollo con enfoque territorial, un enfoque en la participación de las comunidades para generar bienestar social, una mención del rol del Estado dentro de dichas tierras.
Suena a promesas, es cierto. A lo que gobernantes, y aspirantes a serlo, ya han prometido, tal vez con otros nombres, tal vez con otras instituciones, a lo largo de muchos años de historia colombiana. El avance real, sin embargo, lo significativo, es que dos enemigos irreconciliables han llegado a acuerdos sobre lo que el país necesita: esos mismos que sólo dialogaban a punta de bala se sentaron a hablar sobre sus visiones del mundo, en sus propias palabras (esas “causas históricas” de la guerrilla, esos “efectos del conflicto” del Gobierno) y pudieron, desde extremos opuestos, formular una salida al tornado de la guerra. Las balas se transformaron en palabras (allá, en La Habana al menos): sobre el rol de la oposición, sobre el combate a las drogas. No es poca cosa.
Pero no lo es, tampoco, el camino que queda por recorrer: para cruzarlo de forma sensata es necesario el urgente insumo de una opinión pública informada que dé un debate de altura. Por eso hemos invitado a nuestros lectores a que lean lo acordado y manifiesten sus opiniones: Documentos desclasificados del proceso de paz con las Farc.
El proceso avanza. Es deber ciudadano acompañarlo.