Duda razonable

Desde hace mucho tiempo (al menos unos 10 años) son recurrentes las críticas que se han hecho al uso de esta sustancia esparcida desde el aire en los campos colombianos. Están las consideraciones políticas, claro: eso de que, a discreción de otro país, se rocíe un veneno encima de nuestros campos, sustrayendo la autonomía que tiene Colombia para lidiar con la erradicación de los cultivos ilícitos. Están las consideraciones ambientales, también: que el glifosato, ante la montañosa geografía colombiana, va dañando todo a su paso. Están las consideraciones en salud humana: que abundan los testimonios de personas afectadas por la aspersión que se hace encima de ellos. Y así.

Todas estas consideraciones han sonado, para algunos, como quejas infundadas: no hay relación entre la política de erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión de glifosato con esos reclamos. Son cuentos de unos ambientalistas extremos o de algunos opositores al gobierno de turno o, peor, de aliados velados del narcotráfico y la guerrilla. Pero esta vez no es un puñado de personas aisladas las que dicen esto: se trata de una autoridad como la OMS.

Habrá quienes se escuden en que lo que declaró la OMS es una mera probabilidad y que, ante eso, una política pública no puede ceder ni dar marcha atrás. Grave error. Eso, tan sólo eso, basta y sobra para suspender las aspersiones: si en Colombia diéramos una aplicación irrestricta al llamado “principio de precaución” (ratificado por la Corte Constitucional en profusa jurisprudencia) ya no tendríamos glifosato rociado por encima de los campos colombianos.

Para darle aplicación a este principio sólo se necesitan tres cosas: la primera es que haya un riesgo de que una actividad humana puede generar daño (lo hay); la segunda es que el daño pueda ser grave (lo es), y la tercera es que debe haber incertidumbre sobre la probabilidad o los mecanismos causales que puedan generar ese daño (y la hay). Llegó la hora, entonces, de aplicar este principio, ya que no parece haber excusa válida: no al menos en el terreno jurídico o ético. La alternativa es que nos saquen de la duda: pero, durante ese tiempo, las fumigaciones deberían detenerse.

En esto, como en tantos otros, el proceso de paz ofrece una ventana de oportunidad: por el tema de los cultivos ilícitos, por una parte, y por la presencia ahora activa de Estados Unidos acompañando el proceso, por la otra. Ahí confluyen, sin más, las dos variables más duras de esta discusión. Ya se han acordado puntos importantes para la erradicación manual con participación de las Farc, pero el Gobierno no se atrevió a dar el paso de eliminar la aspersión aérea.

Se viene ahora la reunión del Comité Interinstitucional para el desarrollo del PECIG (“una estrategia del Gobierno diseñada para controlar y eliminar plantaciones de cultivos de coca de forma rápida”) el próximo 7 de abril. Ya mismo. Y ya mismo también todos los ministerios involucrados en el tema (Interior, Ambiente, de Salud) deben intervenir para dar cumplimiento al principio de precaución: el cáncer, según una autoridad mundial en salud, es altamente probable con el uso del glifosato. Por ende, y considerando todo lo anterior, debería suspenderse su uso mientras podamos salir de la duda, con plena certeza.

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