![Los exámenes toxicológicos a los estudiantes no es la manera de educarlos sobre las drogas.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/ETJUNYFRMNALLK4ZNTG6L7JXGE.jpg?auth=f5899019731b4ecaca11d2d65d0d6b7bf4265cddb96fe2de1ff553ec9c64c8ea&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe a los colegios realizarles pruebas de toxicología a sus estudiantes sin su consentimiento (en caso de que sean mayores de edad) o sin el de sus padres (si son menores), es la oportunidad para pedirles a los educadores de Colombia —y a los padres de familia— que no recurran a facilismos en sus esfuerzos por enseñar valores.
El caso que hizo visible el problema es ridículo: la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Comercial José de San Martín de Tabio (Cundinamarca) le pidió a un estudiante, mayor de edad, una prueba para ver si había consumido sustancias psicoactivas, como requisito para entrar al salón de clases. Según el estudiante, además de la violación a su intimidad, la realización del examen incitó al matoneo por parte de sus compañeros.
En ese sentido, la Corte fue contundente: “obligar a estudiantes mayores de edad con capacidad a practicarse pruebas y exámenes de este tipo sin su aquiescencia implica una intromisión indebida en la esfera íntima del individuo”. Y, para el caso de menores de edad, la Corte afirmó que no puede hacerse el examen sin la autorización de los representantes legales.
Como lo mencionamos cuando la Corte Suprema de Justicia decretó que los padres pueden acceder al Facebook y al correo electrónico de sus hijos sin su consentimiento, no encontramos sentido en ver a los menores de edad como sujetos sin derechos ni potestad sobre su libertad. Ellos también tienen la protección que la Constitución les otorga a la intimidad y la autonomía personal. Si bien los padres pueden intervenir en algunos casos en ese ámbito, debe erradicarse la idea que motiva, por ejemplo, los exámenes toxicológicos obligatorios sin su consentimiento: que es por el bien de su “protección” y, entonces, no hay violaciones indebidas a la privacidad de los menores.
El tema central, además, es la utilidad de realizar ese tipo de exámenes dentro del proceso de formación de los estudiantes. ¿Qué, exactamente, gana la institución educativa si el resultado toxicológico es positivo? En el mejor de los casos servirá para iniciar tratamientos diferenciales, aunque lo más probable es que dé inicio a señalamientos, sanciones o, en el peor de los casos, un aislamiento del estudiante de un ambiente que debería estar diseñado para darle herramientas que le permitan tomar decisiones por su propia cuenta.
El miedo y la hostilidad no son mecanismos educativos útiles, mucho menos en estos temas —si la prohibición de las drogas a nivel nacional ha fracasado rotundamente en disuadir su uso, lo mismo puede esperarse que suceda en los colegios—. Lo único que logra es crear un área de misticismo alrededor de la situación, además de que le arrebata al estudiante un espacio seguro para solucionar las dudas naturales que puede sentir, al no poder hablarlo con sus maestros.
Hay otras maneras de educar. Al igual que con la educación sexual, en estas páginas abogamos por un proceso transparente, sin miedos, que utilice el diálogo como ruta para el conocimiento y para tomar buenas decisiones. Un estudiante que no consume por temor al examen toxicológico no está recibiendo la formación necesaria; mil veces mejor uno que tiene suficiente información para entender los problemas que traen las sustancias psicoactivas y que toma una decisión autónoma al respecto.
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