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Ahora que los precios del petróleo tienen al país en problemas económicos y a la administración de Juan Manuel Santos hablando de austeridad, la refinería se erige como un ejemplo claro de todo lo que estuvo mal en el manejo de los recursos durante las épocas de bonanza.
Según el contralor, Edgardo Maya, los costos de la ejecución de Reficar aumentaron en US$4.023 millones, para un total de US$8.016 millones. El presupuesto inicial era de US$3.993 millones, lo cual significa que el precio aumentó 100%. El contralor pone el gasto en perspectiva: “El valor total de Reficar equivale a 1,5 veces la ampliación del canal de Panamá y 1,15 veces lo que se estima que costaría el Metro de Bogotá”.
Los costos, dijo la Contraloría, se debieron a pagos relacionados con la actividad de construcción (US$2.328 millones adicionales) y a contrataciones hechas por Reficar S.A. y Ecopetrol S.A. (US$1.265 millones). Además, los atrasos de la entrada en funcionamiento de la refinería, que debió terminarse en 2012 pero alcanzará la totalidad de su capacidad en marzo de este año, le costaron al país US$1.106,9 millones. No es cualquier cosa.
El fallo en planeación es claro. La denuncia de la Contraloría habla de más de 440 contratos que presentaron incrementos superiores al 100% de lo que se había proyectado originalmente. Aumentos, por cierto, que no mejoran los beneficios del proyecto. Incluso un contrato de servicio de andamios para el proyecto presentó un incremento de 37.528%, al pasar de un monto inicial de cerca de $23 millones a $8.615 millones. Inaceptable.
Por más que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Santos estén intercambiando ataques sobre quién debe ser responsable de lo sucedido, la verdad es que el problema de Reficar toca a los dos gobiernos.
Pese a las críticas sobre su falta de idoneidad, Glencore, empresa privada productora mayoritariamente de minerales, recibió en 2007 el 51% del control sobre la refinería. Como se había pronosticado, la empresa falló y en 2009 le vendió su participación a Ecopetrol, trasladando de nuevo todo el riesgo a la empresa mayoritariamente estatal. Además, Glencore contrató a la firma CB&I, también criticada por su inexperiencia, para que llevara a cabo las labores de construcción. A finales de 2014, CB&I se encontraba al borde de ser disuelta por falta de recursos y ahora, como lo advirtió la Contraloría, está intentando irse del país para no entregar la información necesaria para hacer una auditoría de los contratos.
Desde 2012, cuando menos, el gobierno actual está al tanto de la situación de Reficar. El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry —ahora presidente de Ecopetrol—, hizo una denuncia pública de los sobrecostos. Nada ocurrió. ¿Dónde estaban los órganos de control? ¿Por qué se permitió esta cadena de malas decisiones? ¿Por qué sólo ahora se abren investigaciones y todos los altos funcionarios salen a expresar su indignación?
El daño está hecho. La rentabilidad actual de Reficar es de 4,3%, por debajo del 5,5% de la deuda que debe pagar Ecopetrol, la cual asciende a US$5.743 millones.
Cuando menos, el país merece conocer quiénes fueron los responsables de tanto desperdicio y cómo se permitió que la situación llegara a este punto. Eso, y que algo así no vuelva a pasar.
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