El glifosato ha vuelto al debate nacional por la publicación de un estudio que cuestiona el estado del arte científico sobre si esa sustancia causa efectos adversos en la salud de los humanos. Pese a las dudas que surgen, nos parece importante mantener el principio de prevención en temas tan sensibles, así como analizar los daños sociales (no sólo biológicos) antes que reanudar las fumigaciones para combatir la droga.
Los cultivos ilícitos son un tema álgido que ha cobrado especial relevancia en los últimos dos años por el aumento abrumador de hectáreas cultivadas en el país. Lo hemos dicho en este espacio: mientras no tengamos una solución estructural para el problema del narcotráfico, la violencia seguirá siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Colombia, y el Estado no podrá cumplir su tarea de llenar los vacíos que históricamente ha dejado en la geografía del país.
No obstante lo anterior, el debate se ha planteado sobre la necesidad o no de fumigar los cultivos ilícitos. Después de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los humanos, en mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió las aspersiones aéreas y el 1 de octubre del mismo año la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió la Resolución 1214, con la que suspendió el Plan Ambiental con el que se habían aprobado las licencias de fumigación.
El informe Verdades científicas sobre glifosato y salud pública, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), le apunta al corazón de esa polémica. Después de revisar más de 2.000 publicaciones científicas, llegó a la conclusión de que no hay una asociación directa entre la exposición al glifosato y la incidencia de cánceres y otras enfermedades (aunque sí en plantas y animales).
Por eso, ya hay quienes, ante el incremento descontrolado de los cultivos, están pidiendo que se reanude la fumigación o que se utilicen otros compuestos químicos sobre los cuales también hay dudas. Sin embargo, nos parece que ese es un paso atrás injustificado.
Como lo escribieron en El Espectador expertos en el tema del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia, “debe privilegiarse la vida humana sobre la evidencia científica inequívoca, y por ello ante situaciones con evidencia incompleta, se favorece la decisión preventiva”, dado que “el hecho de no tener evidencia concluyente sobre efectos adversos en salud humana, en ningún momento debe entenderse como que sí hay evidencia de seguridad en el uso del glifosato o contrario”. En casos con tanto en juego es apenas lógico que se invierta la carga de la prueba: si no hay certeza en que el compuesto es inofensivo, es mejor no utilizarlo.
Además, el problema con las fumigaciones aéreas es de carácter social, pues perpetúa la enemistad entre un Estado lejano y desesperado que, incapaz de ofrecer alternativas a las poblaciones cultivadoras, se contenta con la medida represiva que afecta principalmente a personas en condición de vulnerabilidad que se han visto forzadas a vivir de estos cultivos ilícitos.
Esperamos que el presidente Juan Manuel Santos mantenga su promesa de no reanudar las aspersiones y de seguir en la búsqueda de planes integrales para combatir el narcotráfico. Eso es lo que el país necesita.
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