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El Gobierno, representado por la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros, y las Farc, en voz de la comandante Victoria Sandino, presentaron ante el país un acuerdo sobre perspectiva de género que dota a muchos de los puntos pactados en La Habana de medidas que garantizan que la ejecución de los acuerdos de paz no sea ciega ante la discriminación que sufren las personas por su género y orientación sexual. No es menor lo conseguido, y demuestra un compromiso por atacar uno de los problemas estructurales del país.
Según el comunicado publicado, el acuerdo sobre género “busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado”.
Una de las críticas más recurrentes en el país sobre la aplicación institucional de un “enfoque de género” es que se ha convertido en un requisito a cumplir que no se ve materializado en la práctica. Así, los municipios y departamentos incorporan en todas sus políticas públicas la frase “enfoque diferencial” y anuncian que todas las medidas se harán bajo esa visión, pero en la realidad no es más que un saludo a la bandera que no se toma en serio la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y ni hablar de los asuntos que involucran la discriminación por motivos de la identidad de género y la orientación sexual.
Por eso, es cuando menos esperanzador que en los acuerdos de La Habana se aterrizan en medidas más concretas las acciones que buscan enfrentar las condiciones desiguales. Es así como, por ejemplo, se habla del acceso y la formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; la promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; las medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; el acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; el reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; la gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social, y sistemas de información desagregados.
En cada uno de esos ejes temáticos se toman acciones puntuales para que, en síntesis, haya más mujeres en todos los espacios que toca el acuerdo de paz. Esperamos que estas medidas funcionen en realidad para que, como lo dijo Iván Márquez, “la paz de Colombia tenga rostro de mujer”.
Por supuesto, lo anterior entendido lejos de los roles facilistas y con tintes machistas que históricamente han sido asignados a las mujeres —desentonaron las mismas Farc diciendo, en una noción muy criticada académicamente, que “no basta con que se sea mujer para ser objeto de la opresión”—. Tal vez Humberto de la Calle se acercó más a entender la importancia del papel de las mujeres al decir que es fundamental darles voz a las mujeres víctimas del conflicto para que sean ellas mismas las que cuenten cómo esta guerra insensata las ha afectado de manera especialmente cruel.
Hablar de paz con enfoque de género es reconocer que hay factores que han silenciado a las mujeres, erradicarlos y devolverles la palabra. Ellas dirán qué hacer a partir de ahí.
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