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Ya con más del 99& de los votos escrutados en Bolivia, el presidente Evo Morales reconoció ayer su primera derrota electoral, por un estrecho margen, en el referendo que le habría permitido postularse para las elecciones de 2019. Este revés en Bolivia se suma a los recientes resultados adversos de los mandatarios en Argentina y Venezuela, además de los problemas en Brasil y Ecuador. En la región el péndulo político se mueve hacia el centro luego de un largo período de gobiernos de izquierda.
Los ojos de los bolivianos y de la comunidad internacional han estado puestos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad en esta materia. La Misión de Observación Electoral de la OEA, que encontró algunas irregularidades que no se pueden considerar como fraude, así como la de Unasur, respaldaron el procedimiento. Las encuestas a boca de urna daban el domingo anterior un 10 % de ventaja al No, lo que ocasionó celebraciones anticipadas de triunfo entre los opositores. Sin embargo, los últimos resultados señalan que el No alcanzó el 51,30 % frente a 48,70 % del Sí. Morales reconoció la derrota y dijo que lo ocurrido “es parte de la democracia”. Así es. Lo que resulta difícil de interpretar es qué quiso decir cuando afirmó que había “perdido una batalla, pero no la guerra”.
El caso de Morales es significativo. Llegó al poder en 2006 reivindicando los derechos de los pueblos indígenas que habían sido excluidos sistemáticamente del poder, a pesar de alguna representación previa que no significó en su momento algún cambio sustancial. De la mano de Evo, las comunidades indígenas aymara y quechua lograron empoderarse y llegar no sólo a ocupar altos cargos en el Estado, sino a reivindicar legítimos derechos. La coyuntura económica mundial lo favoreció en la medida en que los precios de los principales productos de exportación, representados en recursos energéticos y mineros, llevaron al país a una etapa de prosperidad que fue bien manejada por el Gobierno. Las mejoras sociales y la inclusión han sido evidentes, no sin olvidar que para ello tuvo el apoyo de Venezuela y la generosa chequera petrolera que el presidente Hugo Chávez utilizó como parte esencial de su política exterior en busca de aliados en América Latina y el Caribe.
En materia política inicialmente las cosas no fueron sencillas para el ex líder cocalero, por la confrontación con empresarios y opositores, en especial en la región de Santa Cruz. Poco a poco, empero, la mayoría de los actores sociales se fueron allanando a las nuevas realidades y a la aprobación de una nueva Constitución más incluyente. La oposición, dividida, trataba de maniobrar sin lograr resultados favorables.
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. El aspecto crítico, que termina comprobándose con este resultado en el referendo, está vinculado no sólo al desgaste propio del poder luego de diez años como mandatario, sino a casos flagrantes de corrupción, la fragmentación entre algunas de sus bases sociales, en especial la clase media urbana, y una oposición que ha sabido capitalizar el descontento.
Lo cierto es que lo que a comienzos del presente siglo fue, con el chavismo a la cabeza, una clara opción de cambio con gobiernos de tendencia progresista, hoy enfrenta una realidad muy distinta. Presidentes electos democráticamente hicieron gala de un estilo autoritario y, en el caso de Venezuela, dilapidaron los ingresos del petróleo, borrando con el codo lo logrado en materia social. Con la llegada de las vacas flacas se enfrentan a un electorado que les pasa la cuenta de cobro.
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