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En el acelardo proceso de radicalización y aislamiento regional, el régimen de Nicolás Maduro decidió iniciar su proceso de retiro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se apresta a tomar otras medidas. Una de ellas sería la convocatoria a una supuesta Constituyente Comunal, y la otra, la de revivir un diálogo fallido. La oposición ha obrado con gran madurez al mantener la protesta pacífica en las calles y ha rechazado enfáticamente las medidas arbitrarias que adopta el Gobierno. La represión indiscriminada continúa por parte de los organismos de seguridad y los grupos paramilitares afectos al chavismo.
Todo parece indicar que hoy, en el marco de la celebración del primero de mayo, el Gobierno buscará asestar un nuevo golpe a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora. Dado que no le funcionó unas semanas atrás el autogolpe, tras suplantar las funciones del órgano legislativo y pasárselas arbitrariamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ahora daría otro palo de ciego. En este caso se trata, como lo denunció el presidente de la AN, Julio Borges, de nombrar a dedo un Congreso paralelo que el Ejecutivo manejará a su antojo. Fuera de violentar la Carta Magna, esta ilegal decisión se constituye en otra medida de distracción destinada a mostrar ante la comunidad internacional una supuesta voluntad del chavismo para afrontar la grave crisis interna que sacude los cimientos del país vecino.
Lo que sucede en Venezuela es de tal magnitud que no se trata de aplicar pañitos de agua tibia, menos aún si el agua está seriamente contaminada. Lo que se requiere es una cirugía mayor que atienda a los protocolos mínimos establecidos para retomar la senda democrática y el imperio de la ley. La Constitución establece con claridad cuáles son las salidas institucionales, que son las mismas que viene clamando la Mesa de Unidad Democrática (MUD), así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la mayoría de los países miembros del organismo regional y la Unión Europea: elecciones libres y transparentes, liberación de todos los presos políticos y levantamiento de las inhabilitaciones, así como la devolución inmediata de todos sus poderes a la AN.
De otro lado, y buscando aferrarse de nuevo a la tabla de salvación de un diálogo que dilate al máximo cualquier tipo de arreglo —condenado de antemano al fracaso—, los tres expresidentes que mediaron el año pasado en nombre de Unasur han tratado de reflotarlo. Se ha acudido una vez más a la credibilidad del papa para revivirlo. Sin embargo, luego de la dolorosa experiencia del año anterior, el sumo pontífice deberá extremar su consideración en las actuales circunstancias. Prestar su nombre, otra vez, para que sea usufructuado por un gobierno que ha demostrado hasta la saciedad el juego sucio y su utilización desvergonzada de la figura de Francisco, puede tener un costo indeseable para el Vaticano.
Por último, el viernes pasado Maduro envió una nota a Almagro anunciando su retiro formal de la OEA. El mismo, como se ha dicho, no tendrá efecto antes de dos años, lo que lleva a pensar que se trata de otra medida efectista que busca, según la retórica de Caracas, poner al gobierno como víctima de una agresión externa que utiliza al “organismo del imperio” como su punta de lanza en contra de la Revolución Bolivariana. Curiosamente, cuando sobraban los petrodólares, fue en la misma OEA donde Venezuela utilizó la diplomacia del petróleo para evitar cualquier tipo de señalamiento durante 17 años. Ahora, en época de vacas flacas y sin el chantaje a las pequeñas islas del Caribe, los vientos ya no soplan a su favor.
Mientras las masivas protestas opositoras se mantengan en un plano pacífico y el Gobierno continúe con la actitud propia de un régimen dictatorial, la comunidad internacional debe mantener su presión para una salida democrática sobre la base de los tres puntos enunciados. El único camino posible es la vía democrática.
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