La norma entra en vigencia en un momento crucial para el país, cuando se aproximan las elecciones locales, y cuando, también, el proceso de paz que se negocia entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc parece haber llegado (al menos en la superficie) a un punto de no retorno. La información sobre algunas entidades que se encuentran obligadas por esta ley será fundamental.
Los primeros que saltan a la vista son los partidos políticos. Sus candidatos formarán parte de un debate público que, además de concentrarse en los problemas de sus regiones, comenzará a enfocarse en la forma en que se pondrán en marcha los acuerdos de paz. La forma en que financien sus campañas y tomen sus decisiones es algo que la ciudadanía va a querer saber.
Históricamente los partidos se han defendido de entregar información de interés público por ser entidades de carácter privado. En muchos casos, los documentos llegan al público como resultado de un cálculo electoral o político y su revelación se muestra más como un acto de bondad o como un favor. La Ley 1712 de 2014 acaba con esto. No busca que la naturaleza de los partidos políticos cambie. Simplemente hace que la información que se encuentra en sus gavetas sea organizada y puesta a disposición de la gente. Esto también puede verse como una ventaja, pues mejora la cultura organizacional y ayuda a construir confianza.
La puesta en marcha de esa eventual etapa de posconflicto tendrá como un actor esencial al sector Defensa. Una prueba de esto es el acuerdo que fue divulgado el último sábado, cuando se anunció que el Gobierno y las Farc iniciarán labores coordinadas por el Ejército para lograr el desminado del campo colombiano. El lenguaje cambia. Las labores de la Fuerza Pública seguirán siendo las de conservar el orden público, pero su enfoque será el de la consolidación de un proceso de paz. Su información, que siempre ha sido valiosa para la ciudadanía, se volverá aún más importante. No sólo por la ejecución de recursos que esto conlleva, sino por asuntos inherentes al conflicto, que deberán darse a conocer para que sean un insumo de la construcción de memoria.
Pero además del sector defensa existen otras entidades que serán esenciales y formarán parte de la construcción de paz en el país. Entre estos se encuentran agricultura y minas y energía, que tienen un rol fundamental en cuanto a poner en marcha los acuerdos sobre tierras. Para que esto ocurra debe haber una ejecución transparente y eficiente de los recursos, y la información que dé cuenta de que esto sucede debe estar absolutamente disponible. Además, los errores del pasado que ocurrieron con este tipo de entidades en el territorio deberán ser visibles para evitar que vuelvan a ocurrir.
Pero el ciclo no debe cerrarse con estas entidades. Existen otros campos que cumplirán un papel esencial en la construcción de paz, que deben organizar sus archivos y ponerlos a la vista de la ciudadanía. Esto parte desde las mismas administraciones locales y atraviesa por entidades de los sectores salud, educación, inclusión social, tecnologías de la información, entre otros.
Esta ley, producto del trabajo de la alianza Más Información, Más Derechos, grupo de la sociedad civil conformado actualmente por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Transparencia por Colombia, Dejusticia, el Proyecto Antonio Nariño y la Corporación Ocasa, es un logro importante. Pero esta norma no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para construir una mejor sociedad. Es hora de cumplirla.
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