No solamente por razones jurídicas (ya que aún persisten las dudas por la naturaleza de los juicios civiles a los militares), sino también políticas, que responden a la situación que vive el país, inmerso en el proceso de paz, las penas para los guerrilleros y el malestar de los miembros de la Fuerza. Cosas así. Cosas grandes. Y debido a esta poderosa segunda razón, era evidente que el Centro Democrático, por su raigambre ideológica y lo mucho que discutieron durante sus dos campañas a Congreso y Presidencia, iba a adelantar la primera propuesta. Ya lo hizo, y da para hablar y debatir.
No se trata en esta ocasión de una regulación que, como se ha planteado varias veces en el pasado, amplíe la jurisdicción militar para cobijar más casos de los que puede, sino de crear un tribunal que revise, en única instancia, las sentencias proferidas por los jueces ordinarios contra miembros de la Fuerza Pública cuando hayan cometido delitos en actos de servicio.
La razón que inspira una norma allá es la misma que la inspira acá: los jueces civiles no tienen el conocimiento suficiente para determinar cuándo hay un delito dentro del amplio y complejo mundo del conflicto, que los militares sí conocen. Pero en una democracia moderna, como en muchas de las que predominan en el mundo, el fuero militar, o la figura del tribunal pro témpore, que lleva en su entraña la misma filosofía, están reducidos al mínimo, si es que existen: sólo llevan procesos netamente de la vida militar, como la deserción o el delito de centinela.
La seguridad jurídica para los militares y policías, otra poderosa razón, quedó explicada en una columna que sobre el tema escribió el profesor Rodrigo Uprimny en este diario: si bien las normas y los principios están regados en la legislación colombiana (y pueden generar confusión al operador jurídico), valdría la pena hacer claridades en el derecho que se adjudica, mas no en el que se encarga de regular los juicios. Dicho en cristiano, aclarar las normas y no crear nuevos tribunales. Ese, probablemente, es el camino ahora, cuando es claro que hay un malestar en las Fuerzas Armadas de Colombia.
Porque la creación de un tribunal de este tipo puede generar más problemas de los que quiere resolver: ya oímos en Blu Radio al coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, expresando su negativa a comparecer ante un eventual órgano de justicia de este tipo, cuando aún le quedan recursos a él y a su defensa.
El asunto, entonces, no es fácil y no hay unanimidad al respecto. Menos cuando existen 1.872 investigaciones por homicidio atribuibles a agentes del Estado, con más de 4.600 personas vinculadas. ¿Todo esto pasaría a revisión de un solo tribunal? ¿Es necesaria una reforma de tal envergadura para los miembros de la Fuerza Pública de este país, quienes han hecho, al margen de todo esto, un trabajo impresionante por el bienestar del país? ¿Sí pasará una reforma de este estilo un examen de la Corte Constitucional? Nosotros nos inclinamos por el no. Pero mucho hay que hacer y debatir al respecto. Empezando por ahí y, ojalá, pasando por la unificación de las normas y principios que los jueces civiles pueden aplicar en muchos casos. A veces, en los detalles del derecho están las grandes soluciones prácticas. Más vale, en este caso, lo técnico que lo político.