La promesa de la justicia

El tema de la impunidad ha estado desde el principio en el corazón del proceso de paz con las Farc. Es apenas lógico: no es posible pedirle a Colombia que pase la página y le apueste a la reconciliación sin que medie en esa transición la justicia. No en vano uno de los motivos determinantes en el triunfo del No el año pasado fue la idea de tener una “paz sin impunidad”. En ese debate, entonces, es la JEP la propuesta de solución. Imperfecta, sin duda. Con un grado ineludible de “impunidad”, entendida como ausencia de sanción penal. Pero también con un ambicioso mecanismo de administración de justicia que le hace al país una promesa histórica: construir las narrativas que expliquen la tragedia del conflicto armado en el país, encontrar a los desaparecidos en esta guerra irracional y servir como espacio para que todos los responsables rindan cuentas. Lo claro es que, si fracasa, no puede hablarse de paz.

Por eso fue tan frustrante ver a los congresistas, impulsados por múltiples intereses externos, introducir modificaciones a lo pactado en La Habana. Nos preocupan en especial tres cambios.

Primero, la reducción de la responsabilidad de los civiles involucrados en el conflicto, quienes ahora no tendrán la obligación de ir a la JEP. También preocupa que el enjuiciamiento de los financiadores, que han gozado de la complicidad de las sombras en toda esta historia, se haya limitado a las pruebas de la justicia ordinaria. Es decir, desde antes de empezar les quitaron fuerza a los colmillos de la JEP. La verdad será una gran sacrificada.

Segundo, se le dio gusto a la petición insensata de algunos exmilitares sobre la necesidad de omitir a la Justicia Penal Internacional. Medida por lo demás ineficaz, pues Colombia sigue estando bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Preocupa, además, que para equilibrar cargas entre militares y guerrilleros se haya eliminado el título de “máximos responsables” a las Farc. El mensaje a las víctimas es que se están limitando las capacidades de la JEP para encontrar a todos los perpetradores de crímenes.

Tercero, ¿por qué se eliminó la obligación de los agentes del Estado condenados de reparar a las víctimas con sus propios bienes, como sí lo harán las Farc? ¿No han cedido ya demasiado las víctimas en este proceso como para que se coarte su reparación?

Pero todos esos detalles, esenciales, no son nada ante el verdadero reto de la conformación de la JEP. La instauración de un mecanismo de justicia de esta magnitud, con presencia en todo el país, presenta muchas dificultades logísticas. ¿Podrá Colombia garantizar que la nueva comisión de búsqueda de desaparecidos sí tendrá todas las herramientas para cumplir su labor? Lo mismo va para la Comisión de Verdad. Que no olviden el pacto que se ha hecho: aceptamos penas inferiores siempre y cuando la verdad sea suficiente para darle luz a la historia oculta del país.

Por lo mismo, preocupan los rumores que indican que los politiqueros de siempre, sedientos de poder, están buscando ser nombrados en la JEP. Eso sería un desastre de magnitudes históricas; otro caso más de la justicia fallándole al país. Quienes han sido nombrados para designar a los funcionarios de la JEP deben declarar su independencia. Su deuda es con el pueblo colombiano y con sus ansias de paz. Necesitamos que los criterios que empleen sean la experticia técnica y, por qué no, el desinterés por la política.

Con los ojos del mundo (CPI incluida) y de la historia posados sobre Colombia, que la JEP sea un tribunal excepcional, intachable, obsesionado con la justicia, consciente de su responsabilidad. Que por favor nos cumplan la promesa de que podemos reinventar este país.

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