Si la paz es “territorial”, como rezan los textos que hasta hoy han sido acordados, hay una gran oportunidad para innovar en estos cuatro años de gobierno que restan. He aquí las principales necesidades.
La reforma a las CAR, para mejorar sus formas de gobierno descentralizado, necesita la participación legítima y reglamentada de la academia, las ONG y los sectores productivos. Todas las CAR deben estar inspiradas en el concepto de “desarrollo sostenible”: ya es hora de ampliar a las así llamadas apenas en la Amazonia y el Chocó. La vieja aspiración de los pueblos indígenas de ser autoridades ambientales debe implementarse, sí, pero con cuerpos colegiados: en una especie de equilibrio entre su interés colectivo y el deber del Estado y su órbita nacional.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinap) también debe prepararse con una renovada política social, resolviendo así los derechos de las cerca de 100.000 personas que viven dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, integrando las áreas protegidas municipales que han quedado por fuera de la reglamentación. También debe corregirse la inequidad con los municipios con territorio dentro de los parques, compensándolos con mecanismos como las retribuciones: casos exitosos como el de Alemania o Brasil pueden ser tomados como ejemplo.
Podrían crearse categorías como áreas de conservación indígena y formas de gobernanza en tierras no adjudicables, como los humedales. Las áreas protegidas en el posconflicto deben volcarse hacia el bienestar humano, entre otras, a través de una política de uso público.
Se requiere, además, una política de bosques basada en la superación de la pobreza. Un pago por servicios ecosistémicos, como la retención del carbono mientras se conserva la biodiversidad, podría ser una forma de generar bienestar local con fondos legítimamente constituidos y administrados. Los sectores productivos deben sumarse también. En vez de delimitar los “ecosistemas estratégicos” para defenderlos de la gran minería, deberían delimitarse unos cuantos distritos mineros, para manejar ambientalmente todo el territorio. La ampliación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, aplicables al sector de hidrocarburos y minería, debería dirigirse hacia la gestión de los servicios ecosistémicos en la agricultura, la expansión urbana, las nuevas vías y el desarrollo hidroeléctrico.
Debería el Gobierno, también, adoptar como determinante superior el modelo de estructura ecológica principal desarrollado para el MADS por la Universidad Nacional, reforzando los POT municipales e integrándolos a la gestión integral del agua en las cuencas, en especial cuando se presentan conflictos por el agua. Necesario el refuerzo de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, se da por descontado, si se pretende mejorar la adaptación al cambio ambiental global, que no está escrita ni prescrita en las agendas actuales.
La paz deberá incluir una redefinición del concepto de seguridad en torno a la soberanía y la tutela del patrimonio. La guerra deberá ser contra la minería criminal, mas no contra los mineros informales (asunto pendiente aún). Una agenda ambiental para la paz debe basarse en principios de equidad, reconocimiento de los pasivos ambientales, orientación del crecimiento hacia el bienestar local y regional, y la gobernanza, conjugando el fortalecimiento del Estado y la participación.
El fin del conflicto facilitaría la paz, pero la paz con la naturaleza es la base para conjurar los nuevos conflictos ambientales que emergen en todo el territorio. Tiene el presidente Santos en sus manos una oportunidad que no debe desechar.