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Son irresponsables y temerarias las críticas que buscan utilizar la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como excusa para seguir diciendo que el acuerdo de La Habana tiene como esencia la impunidad. Las falsas analogías entre casos como el del sindicado del atentado a El Nogal y el del exministro Diego Palacio, la utilización de retórica incendiaria aprovechando el inicio de los procesos y la desinformación sobre cómo debe operar una justicia transicional no ayudan al país y amenazan con obstaculizar la columna vertebral del posconflicto con las Farc.
A medida que avance la revisión de los casos, vamos a empezar a ver un patrón en la respuesta de quienes se sienten incómodos con el proceso de paz: cada vez que la JEP otorgue una amnistía, o como parte del proceso conceda libertades condicionales, o tome decisiones sobre qué delitos perseguir y cuáles no, no faltarán los políticos y opinadores que griten a los cuatro vientos que se trata de impunidad. El símbolo es muy efectivo, como lo vimos la semana pasada con la libertad condicional otorgada a Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, coautor del atentado en El Nogal.
Son dos los argumentos más comunes. Primero, ¿cómo es posible que dejen libre a Pedro y no le concedan la libertad a Diego Palacio? Segundo, ¿vieron cómo el caso de Pedro es muestra de que estamos ante un acuerdo de impunidad? Ambos ameritan respuesta.
La comparación entre Palacio y Pedro deja en evidencia que para muchos opositores del proceso la concepción predominante es que esta es la oportunidad para un intercambio de perdones. En estos debates tan acalorados y llenos de violencia retórica, ¿ha perdido el país la capacidad de ver la complejidad del asunto?
Lo hemos dicho un par de veces en este espacio: en el caso de Palacio es ilusorio querer que se acepte que los hechos de su condena, relacionados con la compra de votos para aprobar la reelección presidencial, tienen una relación directa con el conflicto armado. Además, el rechazo de su solicitud por la jueza 29 de ejecución de penas se debió, según lo argumentó la magistrada, a que el exministro no cumple el requisito de haber cumplido mínimo cinco años de prisión. Contrario a lo que parecen sugerir los opositores del proceso, la JEP tiene reglas y criterios que deben cumplirse. Por eso es irresponsable comparar este caso con el de El Nogal.
Segundo, quienes argumentan que la libertad condicional de Pedro es la muestra de la impunidad dejan, de manera conveniente, por fuera el hecho de que el guerrillero está obligado a contar toda la verdad sobre lo ocurrido, con el riesgo de que, si no lo hace, perderá sus beneficios. Ese es uno de los grandes aportes de la JEP a la reconciliación del país: los mecanismos para que las víctimas, a cambio de renunciar a ver a sus victimarios cumplir condenas eternas, reciban toda la verdad sobre lo que ocurrió. En este país de silencios cómplices y de heridas que nunca cierran por ese motivo, no es menor, ni debe obstaculizarse, esta apuesta histórica.
Finalmente, no sobra agregar que las arengas sensacionalistas no dan cuenta de los procesos complejos que están en marcha en Colombia y de las dificultades que tiene y tendrá la operación de la JEP. Por supuesto que habrá temas para debatir, pero salir a vociferar cada vez que avance un caso polémico, es no entender cómo funciona la justicia transicional y seguir atizando los odios nacionales que tanto daño le han hecho al país. Hoy, tal vez más que nunca, necesitamos poder evaluar los temas con seriedad, sensatez y buena voluntad.
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