El hundimiento del proyecto de ley que pretendía prohibir la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia es una mala noticia para el país, pero algunas de las posiciones en contra que colaboraron al entierro de la iniciativa abren la puerta para que la discusión no termine ahí. Debe insistirse para que en el país se prohíba su uso, pero minimizando los costos socioeconómicos en el corto plazo.
El asbesto es una fibra en forma de polvillo que por más de 70 años se ha utilizado en Colombia para producir tejas. Al menos 50 países han prohibido su uso en todas sus presentaciones por un llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al demostrar que esta fibra es un elemento carcinogénico altamente peligroso para la salud. En estos países se ha demostrado que trabajadores que han manipulado la fibra han desarrollado enfermedades como mesotelioma y cáncer de pulmón. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que cerca de 50.000 personas se enferman cada año por culpa del asbesto.
En Colombia se buscaba prohibir en todos los casos, pero la oposición de un segmento de los trabajadores que se verían afectados, y el apoyo que esta preocupación tuvo en el Congreso, terminó por hundir el proyecto. Sin embargo, la discusión puede encauzarse a la pregunta de cuándo y cómo sería viable prohibir el asbesto, como lo propuso el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en un debate en el Congreso el año pasado.
El senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, partido que se opuso al proyecto, dijo que “debe haber un plan de compensación socioeconómica y de desarrollo alternativo para trabajadores como los de Campamento, Antioquia, cuyo sustento proviene” del asbesto. Lo mismo había dicho Gaviria, al proponer que, para no causar traumatismos laborales, debería proponerse una prohibición ordenada, con un tiempo de transición y de planeación de entre tres y cinco años.
Son posiciones razonables. Colombia necesita tener un debate matizado sobre el tema, donde las implicaciones de la prohibición se tengan en cuenta, sin olvidar, por supuesto, el riesgo latente que representa la utilización del asbesto en el país. Lo que está claro es que el hundimiento de este proyecto no puede significar dar la discusión por saldada.
Es entendible la posición de la senadora autora del proyecto, Nadia Blel, quien manifestó que “una vez más en Colombia se imponen los intereses económicos por encima de la salud de los colombianos”. No deja de ser frustrante que el Congreso, en vez de liderar con alternativas en temas de salud pública nacional, opte por enterrar las iniciativas.
Qué bueno sería que el Gobierno Nacional, adoptando la propuesta del año pasado del ministro Gaviria, demuestre su compromiso con la salud de los colombianos y se eche al hombro la necesaria prohibición del asbesto en el país. Decir que es necesario buscar alternativas para los trabajadores eventualmente afectados por esa medida no implica que eso sea suficiente para trancar una decisión que, literalmente, salvará vidas. Quedaron en deuda los políticos con este tema. Ojalá pronto vuelvan a intentar darle solución.
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