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El acuerdo anunciado en La Habana el pasado sábado es un avance monumental que apunta a reparar una de las tragedias que más perduran en nuestro país: los desaparecidos por culpa del conflicto armado. Lo dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle: “no saber lo que ha ocurrido y estar privados al menos del último contacto para despedir a sus seres queridos es algo atroz, realmente muy doloroso. Es una agonía permanente”. Además, es una injusticia sin resolver que perpetúa la victimización.
El Instituto Nacional de Medicina Legal, responsable del Registro Nacional de Desaparecidos, señala que en Colombia se han registrado 89.736 casos hasta el 31 de diciembre de 2013, de los cuales, 20.944 presuntamente corresponden a desapariciones forzadas. Los culpables son todos los actores en el conflicto. En cuanto a las Farc, el procurador Alejandro Ordóñez presentó un informe de 80 páginas en el que se documentan 2.760 casos de desapariciones de personas por parte de esta organización, en especial en las regiones de Meta, Caquetá, Antioquia, Nariño y Putumayo. Por su parte, la Unidad de Víctimas tiene registradas como desapariciones forzadas por agentes del Estado cerca de 4.500 personas, entre las que están los denominados ‘falsos positivos’. Inaceptable y doloroso.
Por eso es tan importante saber que en la mesa de negociación se tomaron en serio el proyecto de reparación integral de las víctimas. No es poca cosa saber que las Farc aceptan su participación en estos crímenes y que además ofrecen colaborar con información y entrega de restos de sus víctimas. Cualquier intento de construcción de verdad necesita que las familias puedan, de una vez por todas, saber qué sucedió con sus personas queridas y quiénes fueron los responsables. Sólo en ese momento su sanación podrá empezar y Colombia comenzará a sacudirse los problemas que vienen con unas penas que no cicatrizan.
Son bien recibidos además el conocimiento y la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), columna vertebral del acuerdo y encargado del diseño y puesta en marcha de planes humanitarios para la búsqueda, con base en la información entregada por el Gobierno y las Farc, de los desaparecidos.
Compartimos la preocupación del sistema de las Naciones Unidas en Colombia en cuanto a la necesidad de dotar la futura implementación del acuerdo con suficientes recursos financieros y humanos. Las características del territorio colombiano y los distintos actores involucrados en las desapariciones hacen que haya muchas dificultades para llevarlo a la práctica, por lo que el compromiso debe ser contundente.
La creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas como ente extrajudicial es otro paso acertado para entender la justicia restaurativa como más que cárcel. Los ejemplos internacionales han demostrado que, cuando las comisiones no funcionan pensando en la prisión, como dice De la Calle, se genera “el ambiente adecuado para que la información pueda ser plenamente compartida”. Y eso es lo que más necesitan las víctimas: información sin reparos y con claridad.
Este acuerdo, entonces, es otra señal de esperanza que proviene de La Habana, además de permitir que el país atienda de frente un problema que tiene la mala costumbre de pasar inadvertido por culpa de la impotencia que causa la falta de información. Ojalá pronto podamos ver sus resultados.
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