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Ahora que hay un nuevo acuerdo de paz sobre la mesa, el tema ineludible es qué mecanismo utilizar para refrendarlo. Aun cuando el precedente del plebiscito volvió esencial la pregunta sobre si hacer o no una nueva convocatoria a las urnas, consideramos que las condiciones actuales exigen priorizar la vía legislativa para empezar cuanto antes la implementación y no poner en riesgo el frágil cese el fuego.
Voceros del No han insistido en que este nuevo pacto sea sometido a otro plebiscito. Y sus razones son válidas. La votación del 2 de octubre, por haber sido negativa a lo propuesto por el Gobierno, es un precedente que le hace sombra a la legitimidad del nuevo acuerdo. Cierto es que no había, ni hay, obligación legal de una refrendación de los acuerdos, pero también lo es que habiéndose sometido ya una primera vez, y con resultado negativo, sea natural la expectativa de saber si los cambios satisfacen a los colombianos.
Aceptado esto, es necesario sopesar el contexto nacional e internacional para entender que un nuevo plebiscito crearía retos insalvables de cara a la posibilidad de paz. Uno de ellos es el tiempo. Las muertes de dos guerrilleros en el sur de Bolívar esta semana —según el Gobierno, en combate; según las Farc, en condiciones confusas— son un amargo recordatorio de lo débil que es el cese el fuego y de lo difícil que resulta mantenerlo indefinidamente en medio de la incertidumbre.
Además, el contexto favorable al pacto promete cambiar con rapidez: a mitad del próximo año entrarán en plena actividad las campañas políticas al Congreso y a la Presidencia, y sería lamentable que las discusiones sobre la implementación estén dominadas por los intereses electorales. Eso sin contar con el cambio en enero próximo tanto en la Secretaría General de la ONU como en la Presidencia de los Estados Unidos, acompañantes y soportes del proceso. Si no se inicia cuanto antes la implementación, no auguramos buen futuro a la posibilidad de terminar el conflicto armado con las Farc en esta coyuntura histórica.
Refrendar el acuerdo vía Congreso no es negarle por completo su legitimidad. El Legislativo es el poder representativo de la democracia y los parlamentarios fueron elegidos por la ciudadanía. Eso, unido a la potestad del presidente para buscar la paz y su mandato también ganado en las urnas, hace legítimo el mecanismo. Pendientes de la decisión de la Corte Constitucional sobre el llamado fast track, con él o mediante procedimientos ordinarios, es urgente que el Congreso pueda iniciar cuanto antes las discusiones sobre la implementación de este acuerdo.
Por supuesto, la sombra del plebiscito tiene consecuencias. Y queda en consecuencia el reto, tanto al Gobierno como a los parlamentarios y a las Farc, de demostrarle al pueblo colombiano durante el proceso de aterrizaje del acuerdo que este pacto tiene beneficios para todos y debe ser respaldado. Los espacios de participación deben permitir que se expresen esas voces que no pudieron votar esta segunda vez. Sólo así se garantizará la solidez de lo acordado y su protección en futuros gobiernos.
Entendemos que esta no es la solución ideal, pero el dilema que enfrenta el país es si quiere aprovechar esta ventana de oportunidad para desmovilizar a las Farc o, esta vez sí, echarla por la borda.
En su momento utilizamos este espacio para pedirle al Gobierno que no utilizara el afán como excusa para ignorar las propuestas del No. Ahora, después de un proceso de diálogo con todos los voceros del lado victorioso en el plebiscito, y con un nuevo acuerdo que, si bien no concede todo lo solicitado, está lejos de ser un mero ajuste cosmético, nos parece que ya no hay tiempo para más retrasos. Apoyamos la refrendación en el Congreso y que el país empiece la tarea más importante: reconstruir este país entre todos sin que nos frene el conflicto armado.
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