La satanización de la consulta previa

La consulta previa, pensada como un mecanismo para empoderar a las comunidades étnicas en las decisiones que afecten sus territorios, está en cuidados intensivos por culpa de la fiebre minera y de un Estado que la ve más como un requisito incómodo que como el espacio decisorio que debería ser. Las protestas recientes sobre el tema y los fallos de la Corte Constitucional son un llamado de atención sobre esta situación urgente.

Doscientos años. Eso dicen los indígenas de varias comunidades de la Sierra Nevada que tardarían en estudiar de manera apropiada los 395 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio. Por eso, el pasado 11 de febrero más de 150 indígenas kankuamos, koguis, wiwas y arhuacos fueron hasta el poblado de Chemesquemena, a una hora y media de Valledupar, para exigir la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, o del presidente Juan Manuel Santos. Mientras tanto, anunciaron que se rehusarán a llevar a cabo cualquier proceso de consulta hasta que sus preocupaciones sean escuchadas.

El Gobierno, en una actitud que demuestra las raíces de la frustración de los indígenas, dijo que está dispuesto a hablar, pero que, en palabras de Álvaro Echeverri, director de consulta previa del Mininterior, “no se trata de cientos de consultas, [y] el año pasado convocamos [a las comunidades] a tres y a ninguna asistieron”. Más allá de quién tiene la razón en las cifras, el fondo de la discusión no es ese.

La semana pasada ocurrieron varios hechos que demuestran los problemas que rodean la aplicación de la consulta previa. La Sala Cuarta de revisión de la Corte Constitucional ordenó la suspensión de las actividades de extracción y explotación de hidrocarburos en el proyecto Quifa en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), pues Pacific Rubiales no llevó a cabo el proceso de consulta con las autoridades indígenas del pueblo sikuani del resguardo indígena Vencedor Pirrirí que habitan cerca del proyecto. Por su cuenta, la Contraloría publicó un informe donde alerta que el Gobierno está en peligro de incumplir los 169 acuerdos con comunidades indígenas protocolizados e incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) por la falta de asignación de recursos. Ese PND, por cierto, ya había sido motivo de discordia, pues su consulta con las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales no se realizó antes de la presentación del proyecto al Congreso.

Entre 2013 y 2015 fueron presentadas 11 tutelas por parte de comunidades indígenas y afrodescendientes que solicitan ser consultadas e indemnizadas por presuntos impactos ambientales y culturales por parte de las empresas operadoras y de transporte de petróleo. Esta semana se conocería la decisión de la Corte Constitucional con respecto a una tutela interpuesta por la comunidad awá, en la que alegan que no se llevó a cabo el trámite de consulta previa para que 27 pozos petroleros ubicados en Puerto Asís, de Ecopetrol, Vetra y Gran Tierra Energy, pudieran ser explotados. Y así.

Desde su consagración en la Constitución, la consulta previa ha sido vista por sus críticos en el Gobierno y en el sector privado como un obstáculo para el progreso del país. Por eso se han creado prácticas perversas: consultas mal hechas, con desinformación y pagos a personas que no representan a las comunidades para que acepten la explotación de los territorios que por ley y tradición les pertenecen... En esta coyuntura de cambio climático y aspiraciones de una “paz territorial”, es urgente que el Estado, por fin, tome en serio los derechos de las comunidades. Como lo dijo José Mario Bolívar, representante de los wiwas: “No nos oponemos al desarrollo. Por el contrario, por el desarrollo es que tomamos esta decisión: creemos que no puede estar en contravía de las fuentes de agua, del aire y del territorio”.

Sean una o 400, las consultas que el Gobierno realice deben en verdad escuchar las preocupaciones de las comunidades. Que existe un problema de representación y que hay farsantes que se arrogan dicha representación para convertir la consulta en un chantaje intolerable es una realidad. Pero ese problema no es ni del mecanismo ni mucho menos de las comunidades que llevan siglos cuidando el territorio. La solución, por tanto, no puede ser la de satanizar las consultas. El mandato constitucional es dejar de verlas como un obstáculo cuando, en realidad, son portadoras de derechos.

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