Sensatez, por favor

La retórica en ambos lados del proceso de paz debe reducir su violencia si quiere garantizar el éxito del posconflicto.

La retórica que rodea el proceso de paz ha llegado a un punto de tensión extrema, lógico en los pasos finales, que, conociendo la historia del país, puede amenazar con producir más daños que ganancias políticas. Ambas partes, tanto el Gobierno como la oposición, están llenando sus discursos de ataques y adjetivos que no hacen más que seguir fomentando la polarización y el resentimiento. ¿Es imposible tener un debate nacional sin violencia.

No deja de ser sorprendente escuchar las palabras del presidente, Juan Manuel Santos, la semana pasada en el VII Congreso Nacional del Partido Liberal. Allí, visiblemente molesto con lo que él considera “juego sucio” de la oposición, dijo, entre otras cosas, que la “resistencia civil que propone [el uribismo] es la misma que proponía Carlos Castaño”, y, en una clara alusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que “en mi Gobierno ningún funcionario, ningún miembro de mi gabinete está preso o está acusado o está prófugo”.

El poder del cargo presidencial es incomparable con otras posiciones políticas en el país y, por eso mismo, sobre quien lo ocupe recaen muchas responsabilidades, entre ellas el ejercicio prudente de su fuerza. La Presidencia, en teoría, debería ser capaz de estar más allá del calor retórico del día a día político y, aunque por supuesto no puede ser ajena a las críticas que contra ella se formulan, todos sus actos deben entender que la discusión que emprende con miembros de la sociedad no está en el mismo nivel de poder, y ese desequilibrio puede ser peligroso si se utiliza para insinuar que el contrario es un criminal, o asociar sus ideas con el paramilitarismo. Además, esas críticas le restan credibilidad al esfuerzo por una paz nacional.

Dicho lo anterior, el uribismo (ahora apoyado con vehemencia por el procurador, Alejandro Ordóñez) tampoco puede pretender que sus palabras deben estar por completo libres de cualquier responsabilidad.

Ese llamado a la “resistencia civil”, que si bien puede ejercerse en paz, no debe olvidar la carga histórica que ese tipo de oposición tiene en el país. Son muchos los ejemplos nefastos de personas que, motivados por un ideal abstracto de justicia social, han llevado a cabo crímenes de los cuales Colombia no termina de recuperarse.

En estas tierras tan propensas a solucionar las diferencias con las armas, no basta con decir que la resistencia se hará en paz. Debe promoverse activamente. Han hecho falta las condenas públicas y rotundas del uribismo a la violencia, por ejemplo, contra defensores de derechos humanos y activistas. Que el mensaje sea claro y desde la cabeza del movimiento: el debate es con ideas y siempre en el marco de la institucionalidad, nunca con las vías de hecho.

No ayuda, por ejemplo, el lenguaje que tilda los acuerdos de La Habana de ser un golpe de Estado, y que cultivan la idea de que el presidente Santos es un “traidor” que persigue a la oposición. Hay otras formas de expresar la disidencia sin sugerir que las instituciones democráticas son el enemigo de la resistencia.

Finalmente, y con un acuerdo cerca, necesitamos que las partes estén dispuestas a sentarse a conversar con honestidad. El fuego retórico es inútil para identificar puntos de encuentro —que los hay—. No vaya a ser que termine un conflicto en Cuba, pero estemos cerca de encender otro aquí en Colombia.

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