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Se vale soñar con una Colombia sin las Farc, el Eln y el clan del Golfo. El anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre la propuesta de sometimiento de esta última organización criminal es un testimonio del éxito del trabajo de las autoridades, y debe concretarse lo más pronto posible para que se siga avanzando en el desmantelamiento de todos los grupos ilícitos y violentos que atentan contra la estabilidad del país.
Los miembros del clan del Golfo se sienten asfixiados. Pese a que una posición muy difundida en Colombia es la idea de que el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido frágil con los terroristas, la realidad muestra una acción compleja, pero enérgica, capaz de persuadir con la diplomacia y con la fuerza. Conscientes de que una vez desaparecidas las guerrillas quedarán los narcotraficantes y los grupos mafiosos que se han ido nutriendo por los desmovilizados, todos estos años de negociaciones la Fuerza Pública ha intensificado sus ataques contra criminales como los del clan del Golfo. Los resultados son evidentes.
Según cifras compartidas por el presidente Santos en alocución al país, en los últimos dos años las autoridades han capturado a 1.500 de los integrantes del clan y decomisado 100 toneladas de coca y activos, por el equivalente a $500.000 millones. Todos esos bienes, agregó el jefe de Estado, han pasado a extinción de dominio.
Esta semana se anunció que alias Gavilán, el segundo al mando del clan, murió en medio de un combate. Esa parece haber sido la razón final por la que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder de esta banda criminal, decidió mandar una comunicación al presidente Santos pidiendo someterse a la justicia.
Como explicó el primer mandatario, “la presión la están sintiendo desde hace ya algunos meses; más o menos desde mitad del año pasado, el clan viene enviando mensajes que quieren someterse a la justicia. He autorizado a varios funcionarios para que escuchen esas solicitudes de la organización para someterse”. Y añadió una clarificación esencial: “Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política, que también han buscado. Se les ha dicho: no hay posibilidad, no son actores políticos sino delincuentes. Si se someten, la ley puede tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones: de qué entregan y el valor para la sociedad”.
En efecto, no hay la menor posibilidad de que los colombianos acepten a las bandas criminales como actores políticos. Es importante que los miembros del clan del Golfo tengan eso en cuenta al momento de realizar sus negociaciones de sometimiento con el Ministerio de Justicia.
Dicho lo anterior, es útil que se utilicen las rebajas que provea la ley, pues mucho ganaría el país con la entrega de los miembros de ese grupo, así como la información que puedan proveer en temas de inteligencia y de rutas del narcotráfico.
Si la negociación del Eln sigue por buen puerto y se consigue el desmantelamiento del clan del Golfo, el reto recaerá nuevamente sobre la Fuerza Pública: ¿podremos llenar los vacíos de poder que estos actores dejarán antes de que nuevos grupos ilegales surjan? Si la respuesta es afirmativa, la promesa de un cambio de hoja, y de construir una Colombia distinta, estará mucho más cerca de hacerse realidad.
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