La subcomisión del meollo

El mayor problema ahora es encontrar una forma de acordar el cese del conflicto sin recurrir a una amnistía general que deje a las víctimas sin ningún tipo de justicia y viole los compromisos internacionales de Colombia, poniendo en riesgo la legitimidad de lo pactado y, por ende, debilitando el éxito a futuro del proceso.

No es cualquier cosa: uno de los mayores pedidos que ha hecho la sociedad civil y, en particular, las víctimas y sus representantes, es que no se aproveche esta coyuntura histórica para pactar la impunidad. Es apenas justo. Los crímenes que se han cometido en tantos años de guerra no pueden simplemente olvidarse. Hay demasiado dolor en juego como para fingir que nunca sucedió.

El Gobierno lo sabe y lo ha sabido desde el principio, pero del otro lado de la mesa se ha encontrado con unas Farc que, desde su discurso, consideran que todo lo ocurrido ha sido resultado de unas reclamaciones legítimas. Es entendible: aunque debilitadas, no llegaron a la mesa a rendirse y necesitan reivindicar de alguna manera su proyecto político. Por eso, palabras más, palabras menos, han repetido una y otra vez que no pagarán un día de cárcel y que, si lo hacen, será si los militares y políticos que hicieron parte del conflicto también pagan cárcel.

En la cárcel, entonces, parece empezar y terminar el problema, porque los crímenes de lesa humanidad requieren pagar algún tipo de pena, pero es irreal pensar en un acuerdo en el cual los guerrilleros entreguen sus armas para entrar voluntariamente a pagar prisión.

Para fortuna de todos los involucrados, incluyendo a las víctimas, la justicia, la verdad y la reparación no necesariamente dependen de que alguien esté tras las rejas. La comisión de la verdad cuya creación ya se pactó es, por ejemplo, una excelente forma de utilizar el conocimiento de los futuros desmovilizados al servicio de la paz mental de las víctimas y del país en general. Cuando podamos saber qué pasó, dónde pasó y quién lo hizo, muchas de las heridas podrán empezar a cicatrizar. Eso también es justicia.

Queda, sin embargo, el tema de los peores crímenes y los máximos responsables. Ese camino espinoso es el que tendrán que liderar los invitados a la subcomisión. Sus credenciales, como las de todos los delegados que el Gobierno ha llevado a La Habana, dan, por lo menos, razones para tener esperanza. Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional; Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y también expresidente de la Corte Constitucional, y Douglas Cassel, profesor estadounidense especializado en derechos humanos, son los asesores que invitó el Ejecutivo para encargarse del tema. De paso, el escándalo que se ha pretendido montar por la escogencia de Cassel, porque en un caso del pasado fue contraparte del Estado, es ridículo ante su vasta trayectoria en justicia criminal y derecho humanitario.

No será fácil, pero si su experticia les sirve para encontrar una solución que nos acerque a una paz sin impunidad, su labor será la raíz de la fortaleza del acuerdo. Seguiremos su trabajo de cerca.

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