TRES SON LAS NOTICIAS —BASTANTE importantes, por demás— que acompañaron esta semana al proceso de paz que se negocia en Cuba entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Las tres, por supuesto, tienen al menos un elemento común: representan, así sea a nivel simbólico, un avance dentro de las conversaciones, que debe ser evaluado desde una perspectiva crítica. Veamos.
Primer asunto: el acuerdo para el desminado humanitario anunciado el fin de semana pasado. Por primera vez las dos fuerzas enemigas asumirán una tarea conjunta para limpiar las zonas ocupadas por las minas para que, con el tiempo y luego del cumplimiento de una serie de normas internacionales, puedan volver a ser habitables por parte de la población civil. Inenarrable lo que significará para el imaginario colombiano ver ese día en que militares y guerrilleros lleguen juntos a trabajar con el mismo propósito de liberar a la población civil de una amenaza —y una cruel realidad— inhumana, deplorable y permanente.
Con todo, el desarrollo de esta política no es ni fácil ni barato ni rápido: 10 kilómetros cuadrados cuestan al menos un día de rigurosa revisión por parte de un equipo capacitado. Eso sin mencionar la capacitación no sólo para miembros de la Fuerza Pública, sino para los guerrilleros, que también tomará tiempo. Resulta fundamental, entonces, que la política empiece a implementarse cuanto antes.
Segundo asunto: el desescalamiento del conflicto, traducido en el primer paso efectivo por parte del Gobierno: suspender por un mes los bombardeos contra la guerrilla de las Farc. Ha dicho el presidente Santos que esto se hace como respuesta a los gestos que ha tenido la guerrilla. La propuesta luce, por supuesto, experimental: la guerra sigue. Pero como también dice el presidente, para terminar la guerra hay que comenzar a terminarla. Aunque las Farc lo acusen de “sospechosa generosidad”, hay que comenzar a hacer efectivo ese término de “desescalamiento”, que implica una disminución en la intensidad del combate armado. Si es por ahí, con una serie de condiciones, no tiene nada de “sospechosamente generoso”, sino, más bien, resulta algo apenas lógico. De otro lado, considerar que se trata de un cese bilateral “disfrazado” es un absurdo. Las desconfianzas se mantienen y ninguna de las dos partes va a dar pasos inciertos sin estar vigilante de lo que hace el otro. ¡Por favor!
Tercer asunto: la creación de una comisión asesora para la paz para, según las palabras del propio presidente, “ampliar el espectro de las personas que al lado del presidente enriquezcan la reflexión y contribuyan al proceso”. Personas de diferentes tendencias políticas y que, en principio, sí podrían generar una serie de insumos para que el proceso tenga múltiples visiones que redunden en cambios provechosos. Eso, en principio, suena bien. Que vayan y opinen, y que sus posturas sean integradas: por más ineficiente que suene, oír voces dispares es necesario y provechoso. Sin embargo, la manera como el Gobierno ha presentado la comisión, en esencia como el lugar donde quienes se oponen se van a informar y entonces comprobarán que todas sus críticas son deleznables, no muestra mucha apertura y puede terminar convirtiendo esta en otra comisión más (de esas tan comunes en este país), más bien decorativa.
Tres asuntos, tres pasos. El proceso de paz llega con ellos —aquí en el terreno, en el país y no en la lejana mesa— a un punto cada vez más avanzado hacia la terminación del conflicto, mientras allá se discuten los puntos de mayor dificultad alrededor de la justicia y las víctimas. Los cuales, sin duda, también toman fuerza con estos pasos que alientan entre los colombianos la idea de que un país después de la guerra sí es posible por este camino que transitamos.
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