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Grandes retos enfrenta el nuevo ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo. Difícil la partida que le toca jugar. Encuentra un tablero en donde no es para nada claro cuál puede ser la siguiente movida, para balancear de su lado un juego en el cual muchos tienen los ojos atentos. Lo primero que debe decidir es de qué lado quiere jugar. En eso esperamos que las directrices que ha recibido del alto gobierno sean claras: recuperar la gobernabilidad y la confianza del público sobre la cartera del Ambiente y el tan cacareado desarrollo sostenible.
La primera jugada podría ser la de la gobernabilidad. Porque no puede seguir sucediendo que las acciones administrativas de la Agencia Nacional de Minería y de la de licencias ambientales, ANLA, queden a la merced de las presiones en las redes sociales. Curiosa la forma como se está dando en el país esta nueva forma de la llamada gobernanza ambiental. Un segundo punto que queda claro de los últimos acontecimientos, y que se suma a la prolongada crítica a las CAR, es que la sociedad ha perdido la confianza en sus autoridades ambientales.
La gestión ambiental debe obtener rápidamente licencia social. Porque estamos en un campo literalmente minado, proclive a los conflictos ambientales a flor de piel, sin que siempre estén alimentados por buena información y el mejor conocimiento. Difícil una nueva jugada cuando los observadores, incluso antes de que se dé, ya están percibiendo que habrá trampa. Tanto en La Macarena como en el Valle de Cocora, los últimos escándalos, perciben los ambientalistas grandes victorias, pero en realidad todos perdemos cuando en hechos tan lamentables convergen la inseguridad jurídica ambiental y el cuestionamiento a los empresarios. Queda claro que no hay confianza inversionista si la sociedad no tiene confianza en sus autoridades ambientales. La gran lección de estos años, y que debe leer con atención el Gobierno, es que no hay seguridad jurídica para los empresarios de la minería, si ésta no se basa en la seguridad ambiental. No al contrario, como se piensa de buenas a primeras.
Pero tal vez la mejor jugada que puede hacer el nuevo ministro es la que se basa en sus propias credenciales. Tiene reputación y peso para, en medio de los conflictos naturales entre ambiente y crecimiento económico, que sea la voz del ambiente, que es la voz de muchos. De minorías étnicas, campesinos, académicos y ciudadanos conscientes. Para ellos, en los últimos años, no ha habido cartera ambiental sino una que buscaba afanosamente facilitar las economías extractivas, incluso profiriendo actos administrativos que han sido tumbados en los cortes.
Se nos antoja pensar que una forma de salirle al paso a esta encrucijada —en donde el Gobierno ha querido jugar simultáneamente en ambos lados— sería dar señales claras frente a asuntos ambientales positivos. ¿Qué tal, por ejemplo, proponer ya un estatuto ecológico para la Sabana de Bogotá, o crear el Santuario Nacional de Flora de las palmas de cera en Tochecito? ¿Quién podría oponerse? O también podría sorprendernos con una reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales, haciéndolas organismos mas técnicos y participativos. ¿Qué tal un pronunciamiento sobre la Reserva Van der Hammen? Hay una larga lista de asuntos ambientales con los cuales podría lucirse.
Muchos son temas vigentes que han quedado pendientes cuando la gestión ambiental ha sido simplificada y convertida en tramitomanía. Cuando, en mal momento, se pensó que era posible mejorar los índices de crecimiento con una gestión ambiental debilitada. Llegó la hora de jugarle limpio al medioambiente.
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