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El triunfo de Daniel Ortega coloca al otrora comandante guerrillero a las puertas de instaurar una dinastía familiar en Nicaragua. Con más del 70 % de los votos y una muy alta abstención, el actual jefe de Estado y la nueva vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, cierran el círculo del autoritarismo. Han acumulado tal cantidad de poder político y económico, que dentro de las propias filas del sandinismo es evidente el malestar. Sin el abierto apoyo económico de Venezuela las cosas no le serán fáciles.
Tras haber pulverizado a sus potenciales opositores, con la connivencia de la Asamblea Nacional (AN), la Corte Suprema de Justicia y el desprestigiado Consejo Supremo Electoral (CSE), Ortega ha manipulado a su antojo el entramado político del país. Modificó las leyes para que se le permitiera la reelección indefinida y poco a poco fue acabando con la oposición dentro de la AN. Ha construido así un sistema de partido único, a pesar de que figuran algunos movimientos políticos de fachada que no representan peligro alguno. Algunos de ellos financiados desde el propio gobierno. Esta situación explica la negativa absoluta del régimen a permitir una observación electoral. Ni la OEA, la Unión Europea o el Centro Carter, que con anterioridad habían expresado profundas reservas sobre el proceso comicial, fueron invitadas.
El desbordado apoyo de Venezuela, su principal aliado, le ha garantizado el dinero para adelantar programas sociales de gran aceptación popular. Este asistencialismo se ha nutrido de los cerca de US$4.000 millones recibidos en lo últimos ocho años, gracias a la generosidad chavista. De allí se ha alimentado la corrupción. Buena parte de los grandes negocios del Estado, entre ellos el de la gasolina, la mayoría de los medios de comunicación y el famoso Canal Interoceánico pasan por las manos de la Eternamente Leal, la compañera Rosario Murillo, así como por la mayoría de sus siete hijos con el comandante Ortega.
Mientras tanto, el sector privado ha actuado bajo una lógica similar a la del dictador Somoza: “Hagan plata mientras de la política me encargo yo”. Los niveles de seguridad ciudadana, el control al tráfico de drogas y la contención de las peligrosas Maras centroamericanas, le han conferido al país un ambiente de buen lugar para invertir. Sin embargo, la procesión va por dentro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, debía presentar un informe sobre la situación allí, siguiendo el modelo utilizado para Venezuela. Ortega, a diferencia de Maduro, se vio forzado a entrar en un diálogo directo con la Organización que deberá tener resultados en tres meses. Si el régimen acepta aplicar cambios de fondo, se estará logrando dar un importante timonazo en materia de gobernabilidad para el inmediato futuro. Además, se estará marcando un camino en materia de colaboración productiva democrática entre la OEA y uno de sus países miembros. De no ser así, en pocos meses Nicaragua pasará a engrosar la lista de países que no respetan la Carta Democrática Interamericana.
No en vano el respetado exvicepresidente sandinista y escritor, Sergio Ramírez, sostiene que “hoy el sistema democrático nicaragüense ha sido completamente aplastado, no queda nada más que una sumisión a un proyecto personal y familiar. (Ortega) ha ido sumando poderes a través de la corrupción, la compra de voluntades, la sumisión y hasta el temor”. Así las cosas, Daniel Ortega, quien ahora se define como “cristiano, solidario y socialista”, podrá demostrar a la comunidad internacional que los temores existentes no son fundados. En el Congreso de EE. UU. está listo el Nicaragua Investment Conditionality Act, o “Nica Act”, mediante el cual dicho país puede bloquear préstamos que el Banco Mundial o el BID entregan a Managua. Es una suma cercana a los US$250 millones, esenciales para la infraestructura en el país. El comandante Ortega tiene la palabra.
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