La reforma electoral

La Constitución de 1991 intentó ampliar la participación de pequeñas agrupaciones políticas, pero terminó favoreciendo la atomización de la representación. De los dos partidos tradicionales hoy contamos con una miríada de partiditos, algunos de carácter religioso que poco contribuyen al desarrollo de la democracia dentro de un Estado laico.

La circunscripción nacional por su parte aumentó el costo de las campañas. Por eso, la corrupción política en Colombia es grande, aunque el meollo del problema es el sistema clientelista que está basado en la compra de las conciencias y en el intercambio del financiamiento de las campañas por contratos y nóminas públicas. La propuesta de fortalecer los partidos mediante las listas cerradas de la Misión Electoral haría que los debates giren en torno a las ideas y apunta en la dirección de reducir el clientelismo y la atomización, mientras que a los partidos se les impone cierta disciplina por la prohibición de cambiar de filiación a sus elegidos.

Lo cierto es que mientras mayor sea el número de votantes en cada circunscripción, se hacen más costosas las campañas y aumenta la influencia de sus financistas. Una solución al problema es reducir el tamaño de las circunscripciones, tal como lo ha venido proponiendo John Sudarsky, acogida a medias por la Misión Electoral. Lo inconveniente de la versión de la Misión es que elige cierto número de representantes por este método, pero deja incólume la circunscripción nacional para el Senado; cuenta con el agravante que aumenta el número de miembros en la Cámara para que nadie se sienta desplazado, disparando el costo para el erario nacional.

Tendría más sentido elegir a la mitad de los 100 senadores por circunscripciones de un millón de habitantes, haciéndolos responsables frente a sus electores por la defensa de sus intereses; en la Cámara se debería aumentar la representación de los territorios que se encuentra diluida, pero se le debería restar a los departamentos sobrerrepresentados, algo a lo que seguramente se opondrán. Allí también se podría mejorar la representación mediante un número de representantes elegidos por circunscripciones más pequeñas en los departamentos más poblados.

Otra propuesta defendida por el presidente es la plena financiación pública de las campañas, por lo menos durante dos períodos, lo cual no excluye que financistas privados lo hagan también de manera subrepticia; así, imponerle topes al financiamiento de las campañas en el pasado no impidió aportes en especie nunca declarados por ellas o dineros consignados en el exterior.

La Misión sugiere tribunales electorales independientes de los partidos que podrían operar como diques contra la corrupción; de esta manera, los políticos no contarían con la complicidad que se presenta hoy día y que convierte al Consejo Nacional Electoral en un circo impotente frente a las descaradas brechas de sus reglas. Los congresistas obviamente están a gusto con el sistema actual y no creo que aprueben cambios importantes que castiguen sus inveteradas costumbres.

Pocos grupos políticos apoyan la reforma electoral. El Centro Democrático en especial se siente a gusto con el financiamiento de las campañas por empresarios como Odebrecht y calcula que con listas abiertas aumentará sus curules. Su marcha contra la corrupción el 1 de abril encubrió su propia indecencia pero insistió en enterrar el proceso de paz y demandó la renuncia del presidente.