Las Consultas Populares en la industria petrolera

Por: Claudia Calao González

En estos días hemos visto como diferentes municipios en Colombia, quieren decidir sobre las actividades que se realizan en sus territorios, Cumaral en el Meta, se sumó a lista de municipios que no quieren que se desarrolle la actividad petrolera. Las comunidades de la zona, se cansaron de las promesas de mejoramiento en la calidad de vida, y ganaron la consulta popular que promovió la preservación del ambiente y la no realización de la actividad de extracción de hidrocarburos.

Según el DANE, Cumaral tiene un área de 61.808,44 ha. De ellas, de acuerdo al último Mapa de Tierras de la ANH, 61.201,25 ha son área petrolera. Eso significa que el área petrolera solapada es del 99,02%, y un 1% quedaría libre para las otras actividades, aunque es bien sabido que no todos los bloques se desarrollan completamente, si es paradójico que se entreguen áreas tan extensas. Sin embargo en su Esquema de Ordenamiento Territorial, indica que la vocación del municipio va dirigido a un desarrollo residencial, con vocación turística que genere un bajo impacto ambiental.

En lo urbano, toman como determinante para su desarrollo la estructura vial de la zona central, ya que representa un valor cultural e histórico del municipio. Lo rural lo proyectan en la sostenibilidad agroindustrial y ganadera en su altillanura, en el piedemonte de economía campesina y de proyectos turísticos ecológicos que generen bajo impacto ambiental y recalcan que la zona rural y urbana se promueva la conservación, recuperación y sostenibilidad de los recursos hídricos y naturales.

Pero si uno revisa la información de los proyectos que se encuentran en la actualidad, en Cumaral se solapan 5 bloques: CPO4, LLA59, LLA35, LLA 69 y Condor. Los dos últimos están en exploración y los tres primeros están sin asignar. Condor apenas solapa el municipio y el operador es LUKOIL. LLA 69 es operado por Mansarovar y existen dos bloques sin licitar CPO4 y LLA 59 que cubren casi todo el municipio y LLA 35 apenas ocupa una pequeña porción, este último es yacimiento no convencional (fractura hidráulica o fracking).

La pregunta de muchos en estos días es ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué una zona que ha sido predominante de desarrollo petrolero, las comunidades ya no quieren que se siga adelantando la explotación? La respuesta es sencilla, se ha fallado en el país en la estructuración de estos proyectos. Es una deuda histórica que se ha venido acumulando y que en estos momentos de declive económico, le está pasando factura al país.

Es increíble que estas zonas que tienen tanta riqueza en el subsuelo, no se vean beneficiadas por las mismas, ya que en la mayoría de regiones donde se encuentran los yacimientos petroleros, lo que se ve con los años, es el deterioro de la calidad de vida de la poblaciones allí asentadas. Las famosas "bonanzas" no llegan a todos los sectores, y lo que ve el grueso de la población, entre otras, son las tractomulas y vehículos que pasan por sus calles, dejando considerables emisiones de material particulado que genera impactos en la salud, la migración de personas de otros municipios, el encarecimiento de la canasta familiar y el cambio de actividades económicas que implican que los jornaleros prefieran el trabajo en la industria que ganar el jornal en las fincas productoras.

Ahora bien, uno no entiende cómo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, no está mirando los proyectos de esta índole desde un esquema regional, revisando que los impactos acumulativos de los distintos proyectos que se encuentran en la zona, sean mitigados adecuadamente y no generen un deterioro ambiental en ninguno de los componentes evaluados. Tan es así, que recordemos que el año anterior, mientras la ANLA otorgaba unos permisos para realizar exploración en la Macarena, la Corporación Autónoma Regional había indicado que no se debían otorgar. Esta falta de articulación en estas entidades, hace prever que las evaluaciones ambientales no se han hecho de manera adecuada, teniendo en cuenta el territorio y las dinámicas de las otras actividades económicas que también aumentan la magnitud de los impactos frente al uso de los recursos naturales presentes en la zona.  

No es posible entender que el Estado no escuche a las comunidades frente a las quejas repetitivas ante los impactos que se presentan en las etapas previas de los proyectos, como lo es el caso de la sísmica; las poblaciones han venido manifestando que esta actividad profundiza las aguas, ya que según indican, cada vez que se hacen las explosiones para la sísmica, las aguas se profundizan y quedan con problemas de abastecimiento, debido a que en las zonas rurales la obtención de agua para consumo y actividades agrícolas, se hace a través de pozos profundos. De entrada, ya las comunidades están reacias a los proyectos, dado que para ellos es el culpable de su falta de agua.

Las empresas operadoras tienen que lidiar de entrada con que los municipios a donde llegan a realizar sus actividades de exploración, son municipios olvidados, donde el Estado tiene una presencia nula o escasa, y estas empresas se encuentran desde las carencias en la prestación de servicios públicos básicos, como salud, educación, agua, electricidad o vivienda en condiciones de mínima calidad, hasta aspectos relacionados con mejora de la integración social. Y las comunidades ven que llega una empresa y aprovechan para pedir el reconocimiento que no obtienen del Estado.

Haciendo un análisis de la información del (Departamento Nacional de Estadística - DANE, 2005) se evidencia que el índice de (Necesidades Básicas Insatisfechas) (Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, 2014) presenta un nivel más alto 45.8% en los departamentos extractores (Hidrocarburos, Minería, Energía) frente a los departamentos no extractores 44.0%. Esto indica que a pesar de que los esfuerzos del gobierno se encaminaron a mejorar la percepción del país frente a las actividades minero – energéticas, éstas no se tradujeron en un aumento de la calidad de vida de dichas poblaciones; situación que pone en riesgo las actividades y desarrollo futuro del sector, debido a que las mismas no se traducen en un mejoramiento de las condiciones sociales de la zonas en donde se desarrollan, sino que implican un deterioro de la calidad de vida de dichas poblaciones, lo que a su vez genera rechazo frente a las actividades que adelanta el sector.

Es importante que desde el sector minero – energético se busque mejorar estos índices del mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones en donde ejercen sus actividades, para minimizar el rechazo al sector, que implicaría un mejoramiento de la percepción frente a las actividades que incidirán en la aceptación del mismo a lo largo del territorio nacional.

Si se estudia por sector específico (Hidrocarburos, Minería y Energía) estos indicadores no varían, esto lo evidenció en el caso de la minería la (Contraloría General de la República, 2014) en su estudio sobre la Minería en Colombia, en donde se indica que según el Censo General 2005, el 28% de la población del país se encontraba en condiciones de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que en los departamentos productores como el caso del Cesar, este índice asciende al 45%. En dicho análisis se encontró igualmente que los municipios donde se extrae el carbón se encuentran 31 puntos porcentuales por encima del departamental con un promedio de NBI del 76%, lo que conlleva a establecer que la explotación a gran escala no garantiza el acceso al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones donde se adelantan dichas actividades, salvo en algunos indicadores de cobertura y educación que como lo menciona el estudio, los mismos no corresponden a los indicadores de calidad de éstos servicios básicos. El estudio igualmente señala que los demás indicadores sociales, institucionales y ambientales son "… significativamente peores en los municipios predominantemente productores de carbón en el Cesar y La Guajira que en el resto de municipios del país tomados como referencia para el referido análisis."

En el caso de hidrocarburos, por ejemplo el Casanare ha sido el departamento que mayor cantidad de recursos del Estado ha recibido por concepto de regalías –cerca de 610 mil millones de pesos en 2008 (Departamento Nacional de Planeación - DANE, 2014). Si bien se ha logrado una reducción del porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas, al pasar de 52.1% en 1993 a 35.6% en 2005, éste sigue ubicándose por encima del promedio nacional (27.7% en 2005). De igual modo, la ampliación de la cobertura en educación no ha estado aparejada de mejoras en la calidad de la misma y, por el lado de la salud, los habitantes del departamento continuamente manifiestan su inconformismo respecto a los servicios médicos prestados.

Las empresas siempre manifiestan que el desarrollo de estos proyectos aumentan el empleo de la regiones, la compra y bienes de servicio, lo que conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo la realidad es otra al compararlos con los municipios no productores.

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo del 2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2014), se indica que el aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse en condiciones socialmente favorables, de tal manera que las comunidades del área de influencia donde se realicen estas actividades logren mejoras en su calidad de vida, y esto lo proyectan con una mayor presencia institucional articulada de las Entidades del Estado y el acompañamiento al sector privado en la ejecución de la gestión social empresarial para facilitar la incorporación de los territorios al desarrollo de los proyectos, situación que se ha venido anunciando desde el PND del 2010 y que no se vislumbra su cumplimiento en la actualidad.

En el aspecto social, vale la pena indicar que la especificidad de los contextos regionales debe ser tenida en cuenta en el momento de diseñar estrategias que propendan por el desarrollo de mediano y largo plazo. Esto con el fin de que se de una integración social en las zonas productivas que no sólo garantice la conservación del ambiente, sino que busque la integración del desarrollo rural para la viabilidad de otras economías basadas en el uso del suelo (economía campesina) y el desarrollo de dichos territorios afectados por el impacto de la explotación de los recursos naturales, más teniendo en cuenta que muchos estudios, incluidos los de la Contraloría General de la Nación, indican que los recaudos del sector de hidrocarburos y de la minería no inciden en la mejora de las condiciones de vida de estas zonas, ya que la distribución de mercados en los territorios es débil, la misma producción interna no es suficiente para el abastecimiento de estas zonas donde se ubican estas explotaciones, por lo tanto las mismas ni siquiera son autosostenibles.

Por lo anterior, es paradójico que se busque fomentar la actividad minero-energética, desconociendo las realidades sociales, políticas, institucionales e históricas que marcan el modo como las regiones, tradicionalmente, han aprovechado sus recursos naturales y sus territorios. El gobierno antes de emprender estos grandes proyectos de interés general debería orientar los presupuestos de inversión anual en las regiones de menores condiciones para elevar la calidad de vida de la población y movilizar sus capacidades de desarrollo; buscando a través de dichos presupuestos atender las políticas y estrategias de desarrollo regional.