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El 27 de septiembre de 1987, en la tarde de un domingo soleado en Medellín, una ladera del Cerro Pan de Azúcar rodó sobre cien casas en el barrio Villatina y dejó más de 500 muertos y 2400 damnificados.
El barrio nunca había sido señalado como zona de riesgo aunque sus habitantes sabían de la existencia de pequeños deslizamientos y grietas cerca del sector donde se desprendieron los 30.000 metros cúbicos de tierra. Según los registros de Empresas Públicas hasta el 2007 ese septiembre había sido el octavo mes más lluvioso en Medellín desde 1908. Era un día de fútbol y desde la tribuna occidental se podía ver en rasgón de tierra roja que apareció en la montaña. Una medida de catástrofes urbanas creada por la Universidad de Lovaina considera a Villatina como uno de los 10 desastres más grandes ocurridos en ciudades.
Villatina albergaba milicias del M-19 y tenía altos índices de violencia. Muchos sobrevivientes siguen sosteniendo que la causa del deslizamiento fue la explosión de una caleta de los guerrilleros. Para ellos la violencia se superpone a las causas naturales. La montaña comenzó a poblarse en los 40 con las migraciones campesinas que fueron “invitadas” a vivir bajo ese pico que muchos consideraban un volcán. Problemas de violencia y disturbios acompañaron los días siguientes a la tragedia. Y claro, la respectiva avalancha emocional de solidaridad. La lectura de un estudio realizado por tres profesores de la Universidad Nacional al cumplirse 20 años de la mortandad, puede servir para identificar errores para lo que viene en La Gabriela y evaluar si luego de 23 años nuestras instituciones han avanzado en algo.
El concepto de zona de riesgo apenas se había inaugurado hacía dos años con un decreto municipal. Las filtraciones de una acequia ordenada por Corvide, entidad pública encargada de desarrollo social, se señalan como determinantes en lo ocurrido en Villatina. El Estado no solo no logró prevenir sino que puso su gotica para el desastre. Entidades oficiales y privadas se encargaron de la reubicación. La memoria de los habitantes habla, con algún sesgo contra lo que huela a políticos, de mayor satisfacción por quienes fueron atendidos por ONGs. Los campamentos provisionales estuvieron un año en pie y las soluciones de vivienda más lentas llegaron después de cuatro años. Eran las correspondientes a las soluciones ofrecidas por el sector público. Como en todas nuestras filas, así haya que acreditar lágrimas y muertos, hubo colados.
Pero no todo fue en vano. Según Jorge Orlando Melo, quien trabajó en los noventa en la Consejería Presidencial para Medellín, la ciudad logró aprender lecciones luego del cimbronazo de Villatina. Entre 1993 y 1999 se desarrolló un plan de mejoramiento de viviendas subnormales que puede explicar cómo ha sorteado con relativo éxito el invierno bíblico. Un análisis detallado de algunas zonas de riesgo permitió estabilizar sectores mediante reforestación, canalizaciones, taludes y muros de contención. De esta forma el municipio pudo llegar con recursos de mejoramiento de vivienda a zonas que antes estaban vedadas para la ayuda oficial. La normalización de los barrios ha continuado en los últimos años con las inversiones en espacio público y vías, al igual que con el programa Viviendas con corazón que tomó las enseñanzas de la década anterior.
Pero las laderas necesitan el ojo permanente, ese trabajo de vigilancia que no se nota, que no es de mostrar. Hoy en día viven en el camposanto de Villatina, declarado zona de riesgo no recuperable, más de 2000 personas. La mitad no sabe que debajo de sus casas están los fundadores del barrio.