Los problemas pensionales

Salomón Kalmanovitz
12 de junio de 2017 - 02:00 a. m.
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En el primer semestre de 2016, la Superintendencia Financiera reportó que las utilidades de los fondos de pensiones arrojaron $866.000 millones. Las administradoras de pensiones obligatorias ganaron $366.000 millones y el saldo correspondió a las voluntarias, que cuentan con generosas exenciones del fisco para los ahorristas. Los bancos ganaron nueve veces más en el mismo período.

Los fondos de pensiones privados invierten los ahorros de sus afiliados en papeles de deuda pública, renta fija y acciones, incluyendo títulos en dólares, de acuerdo con el perfil que escoja cada aportante, de menor a mayor riesgo. El fondo acumulado es hoy de $204 billones; una pequeña parte de sus rendimientos es destinada a cubrir las obligaciones de los pocos pensionados con que cuenta, pues el sistema privado tiene sólo 24 años de edad. Las utilidades de los fondos corresponden al 3 % de lo acumulado, menos un seguro de depósito. Las pensiones que termina pagando corresponden al ahorro efectuado por cada cual y, como se sabe, son por lo general una tercera parte menores que los que reconoce el sistema público. Existe un fondo que garantiza una pensión mínima que aportan todos los cotizantes.

El rendimiento de los fondos privados colombianos ha sido bastante bueno, a pesar de que hubo varios períodos en los que los rendimientos de la deuda pública y la renta fija estuvieron bajos, como ha sucedido en todo el mundo después de la crisis financiera de 2008. Ello ha causado que las pensiones en los países desarrollados se redujeran considerablemente, algo que fue notable en Inglaterra.

Colpensiones obtuvo un déficit de $38,2 billones durante 2016, equivalente a 4,4 % del PIB, mayor que todo el gasto en educación, salud o defensa. La razón es que las mesadas que paga ($50,9 billones) no tienen relación con los aportes ($12,7 billones). El sistema colombiano de pensiones es un parche de un sistema público muy generoso, especialmente las pensiones que corresponden a los congresistas, magistrados y altos funcionarios del Estado (entre los cuales me cuento), con el sistema privado que paga una pensión de acuerdo con el rendimiento financiero de cada cuenta individual.

El sistema público paga pensiones más generosas a sus congresistas y magistrados que cualquier país del mundo. La pensión máxima acá es de US$76.334 anuales, equivalentes a 14 mesadas de $16 millones. En España es de US$40.744 y en Inglaterra de US$11.457. Casi todos los países tienen edades de retiro de 65 años para hombres, mientras acá es de 62 años. Esto hace que el sistema sea crecientemente deficitario.

Dos problemas adicionales socavan el sistema pensional colombiano: la informalidad y los cambios demográficos que nos esperan. Hay 8,4 millones de trabajadores que cotizan, lo que equivale a 62 % de informalidad, y sólo una cuarta parte de los mayores de 65 años recibe pensión. En 1950 había 11 trabajadores por cada adulto, mientras en 2015 se redujeron a 6,7, coeficiente que seguirá decreciendo en la medida en que cae el crecimiento de la población.

Las soluciones son impopulares: hacer un solo sistema pensional, igual para todos, que refleje la realidad de un país pobre y de alta informalidad; aumentar la edad de retiro y las cotizaciones a la seguridad social; cobrar impuestos sobre las pensiones altas; no seguir ofreciendo subsidios a los viejitos de Colombia, como reducir los pagos en salud que acaba de aprobar el Senado de la República.

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