“¡Oh democracia, bendita seas, aunque así nos mates!”.
Esa frase, que le oí alguna vez a papá, hizo parte del discurso que el conservador Guillermo Valencia pronunció ante la tumba del general liberal Rafael Uribe Uribe, quien había sido asesinado. Vuelve ahora a mi memoria a raíz del complejo tema de la proliferación de referendos, consultas e intentos de revocatorias de mandatarios locales.
¿Son malos esos mecanismos de la democracia? ¿O son buenos pero nos quedaron mal diseñados y se están prestando para que los políticos y los fanáticos, o ambos, abusen de ellos y hagan inmanejables los municipios y el país? ¿O están perfectos así?
Examinemos primero el esperpento de Viviane Morales, una mujer inteligente que se dejó obnubilar por el fanatismo religioso, y cuyo referendo, ahí sí ¡gracias a Dios!, lo hundió la Cámara de Representantes a pesar del apoyo del uribismo: dado nuestro déficit de adopciones, en la práctica, de haber sido aprobado, habría privado a muchos niños abandonados del derecho a crecer con amor, al ser adoptados por mujeres u hombres solteros, madres cabeza de familia o parejas del mismo sexo, que los hubieran querido como a hijos. ¿Habría sido válido someter a referendo un derecho de los niños y, además, hacerle gastar al fisco los 280 mil millones que hubiera costado el disparate?
¿Y qué tal la consulta popular sobre si se reanudan o no en Bogotá las corridas de toros? Si se convoca para un día diferente al de las elecciones, le costaría a la ciudad cerca de 35 mil millones. Si coincide con comicios, valdría 75 por ciento menos. ¿Obligar a la ciudad a gastar ese montón de plata en una consulta especial para decidir esa bobada no es una idiotez? ¡Que ese dinero se invierta más bien en mejorarles las condiciones de vida a los niños abandonados! ¡Porque uno puede decir que pobrecitos los toros! Pero como la plata no alcanza para todo, nos deben preocupar mucho más los pobrecitos niños.
¿Y qué tal las revocatorias de mandatarios locales? En este momento, 100 de ellos, entre los que figuran cinco gobernadores y cinco alcaldes de capitales, empezando por el de Bogotá, Enrique Peñalosa, están en peligro de ser revocados. ¡Y esos procesos le costarían al erario cerca de 200 mil millones! Y sus mandatos serían revocados un año y medio o dos después de haberse posesionado y, en muchos casos, se justificarían con el argumento de que los elegidos no han cumplido con su programa de gobierno. Pero ¿puede cumplirse en un año o dos con un programa, cuando la aprobación y puesta en ejecución del nuevo presupuesto toma un año o más y, después, lograr que algo surta los trámites legales y se haga, en este país de leguleyos, es tarea de titanes?
Así me regañen los lectores, creo que hay que racionalizar la democracia: establecer, entre otras cosas, que los derechos no pueden someterse a plebiscitos; que las consultas populares, del estilo de la de los toros, sólo puedan realizarse si coinciden con unas elecciones; y que las revocatorias de los mandatarios locales por incumplimiento del programa únicamente se hagan a partir del tercer año de posesionados, o en cualquier momento si se les comprueban hechos de corrupción. ¡Pero los gobernadores y alcaldes tienen que poder administrar sus localidades sin perder tiempo evitando que los derrotados los tumben con cualquier disculpa!
Así que, parodiando a Valencia, mejor sería decir: ¡oh democracia, bendita seas, pero no nos mates!
Nota: Esta columna reaparecerá en un mes.
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